El pleno del Congreso debatirá el próximo martes las iniciativas del PDECat y del PNV para derogar la reforma expreso de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, aprobada en solitario por el PP en el 2015, que permite suspender temporalmente de sus funciones a las autoridades que incumplan las sentencias del alto tribunal y que podría aplicarse a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

El debate tendrá lugar apenas una semana después de que el alto tribunal paralizara el acuerdo del Parlament que abre la vía a convocar un referéndum sobre la independencia en septiembre del 2017.

En su resolución el TC advierte a Forcadell y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de las posibles consecuencias de desobedecer su decisión.

En la exposición de motivos de su proposición de ley el grupo parlamentario que lidera Francesc Homs plantea que esta reforma es "casi una reforma encubierta de la Constitución".

Reforma constitucional encubierta

En este sentido, subraya que la norma da al TC potestad de suspender de sus funciones y "durante el tiempo que haga falta" a cargos "elegidos democráticamente" por los ciudadanos, lo que puede llegar también al presidente del Gobierno español –cuando la Carta Magna solo prevé el cese de la jefe del ejecutivo después de la celebración de elecciones generales, por pérdida de confianza parlamentaria o por dimisión o muerte–.

"Se cede al Tribunal Constitucional unas potestades de una carga política impresionante, lo que resulta inadmisible, más todavía cuando la politización de la institución que es el Tribunal Constitucional es tan notable", recalcan desde el PDECat.

En Comú Podem también registró la semana pasada una proposición de ley para derogar la reforma expreso del 2015, por lo que no ha dado tiempo a incluirla al orden de día para que se debata junto con la del PDECat y los nacionalistas vascos.

Recurso previo

Además de liquidar esta ley aprobada en solitario por el PP, el PNV quiere que tenga el mismo destino la que permitió la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía, aprobada también en el 2015, y esta sí con el aval también el PSOE.

Para los nacionalistas vascos, esta norma "comporta riesgos" para la "estabilidad" del sistema porque "supera de sobra el carácter jurisdiccional del control constitucional a posteriori que fue atribuido en el texto constitucional".

Y, lo que consideran todavía más grave, "permite a los responsables políticos hacer negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo".