El Govern y los comunes han cerrado este martes el pacto para la creación del cuerpo de inspectores que tiene que velar por el cumplimiento de la ley de vivienda de Catalunya, un acuerdo pendiente desde el pacto de investidura de Salvador Illa. El pacto se ha sellado en una reunión en Palau entre la consellera de Habitatge y portavoz, Sílvia Paneque, y el portavoz parlamentario de los comuns, David Cid. Se trata de una demanda recurrente de los de Jèssica Albiach, que han reclamado a lo largo del verano al Ejecutivo de Illa que se acelere esta tarea pendiente o si no, no se sentarían a abordar el apoyo a los presupuestos de la Generalitat para 2026 —el Govern les necesita a ellos y a Esquerra Republicana, dado que los socialistas gobiernan en minoría parlamentaria—. En concreto, el texto cerrado hoy establece que el cuerpo de inspectores lo conformarán 100 funcionarios de la administración y que se pondrá en marcha antes de acabar este 2025.
El Consell Executiu aprobará en la reunión de este mismo martes un decreto con el acuerdo, que dotará el cuerpo de inspectores con un presupuesto de 5,9 millones provenientes de los suplementos de crédito que ha pactado el Govern con ERC y los comunes para rellenar las cuentas prorrogadas desde 2023. Sin embargo, el Ejecutivo de Illa prevé que el proceso se alargue entre 7 y 8 meses para hacer oposiciones e incorporar inspectores al cuerpo, por lo que los primeros inspectores con la capacidad de sancionar serán funcionarios que ya forman parte del cuerpo de la administración en otras funciones. En eso mismo ha incidido hoy el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una entrevista en TV3 en la que ha reiterado que el Govern cumple los acuerdos, pero que "son cuestiones complejas", que hay un entramado normativo que se tiene que cumplir y que "a veces las cosas no se pueden hacer en una semana".
En una rueda de prensa en Palau, posterior a la reunión donde han rubricado el acuerdo, la portavoz adjunta de los comunes Susanna Segovia ha destacado que la creación de los 100 inspectores supone un "primer paso en firme" y ha destacado la importancia que la administración tenga potestad para aplicar el régimen sancionador. En un primer término, los comunes querían que el cuerpo fuera de 150 inspectores, si bien creen que con 100 tendría que ser "suficiente" para tramitar las denuncias y actuar de oficio para perseguir las infracciones y aplicar las sanciones pertinentes. Segovia ha detallado que los funcionarios se repartirán por veguerías, y que Barcelona tendrá 50. En Girona habrá 13, por 12 en Tarragona. También habrá 4 en el Alt Pirineu, uno en Arán, y 5 en el resto de veguerías. Ahora, los comunes quieren que la dotación se consolide, y se pueda ir ampliando en próximos presupuestos.
El Govern aprovechará la modificación del decreto de medidas urgentes de Habitatge para dar amparo legal a la creación del cuerpo de inspectores. Los comunes, por su parte, esperan que sea una realidad en octubre, aunque los plazos se podrían retrasar si algún grupo parlamentario lleva el texto al Consell de Garanties Estatutàries. El texto está pendiente de la ponencia y del dictamen en comisión. Una vez superados estos trámites, la modificación del decreto se portará a debate y votación del pleno. "La ley es urgente", ha reiterado hoy Segovia. Ante la insistencia de los comunes, el conseller Dalmau ha aseverado esta mañana TV3 que el Govern "ha cumplido y cumplirá" los acuerdos en materia de vivienda y ha destacado que Catalunya será la única autonomía que tiene un cuerpo de inspectores: "No sé si llegaremos demasiado tarde, pero llegaremos los primeros".
Un paso más del largo periplo de los presupuestos
Lo que se ha sellado hoy no es solo un pacto pendiente en materia de vivienda, sino también un pequeño paso más que acerca al Govern de Salvador Illa a tener presupuestos de la Generalitat para 2026, después de que el año pasado no pudiera reunir los apoyos parlamentarios necesarios se tuvieran que prorrogar las cuentas anteriores por segundo año consecutivo. Eso es debido al hecho de que los comunes han marcado el despliegue de este cuerpo de inspectores como una condición sine qua non para empezar a abordar el posible apoyo para las cuentas del 2026, una reclamación que han reiterado a lo largo del verano —de igual forma que desde de ERC han reclamado avanzar en la financiación singular y la gestión del IRPF—.
Sin embargo, Cid ha admitido que el acuerdo de hoy es "un paso adelante", pero ha señalado que todavía "queda mucho trabajo por hacer". El portavoz de los comunes ha advertido al Govern que todavía quedan para cumplir otros compromisos antes de sentarse para las cuentas, en concreto "aspectos clave" en materia de vivienda como la unidad antidesahucios y la activación de un registro de grandes tenedores. Además, Cid ha recriminado en declaraciones en la prensa que no tienen ninguna noticia sobre dos aspectos en materia de educación: los refuerzos de catalán, inglés y matemáticas, ni la puesta en marcha de algunos comedores escolares.