La proposición de ley de amnistía para los políticos, funcionarios y ciudadanos que se han implicado en el Procés de independencia de Catalunya, y también para la mayoría de policías investigados por el 1-O pactada por el PSOE con ERC y Junts, y al final registrada solo por los socialistas este lunes, se ha armado y reforzado contra los más críticos: la derecha española. En la exposición de motivos, se da respuesta a las objeciones que han expresado con vehemencia desde el PP y Vox hasta todos los órganos del Poder Judicial para blindar la ley. La primera y principal argumentación es que la amnistía es aceptada por el Tribunal Constitucional (TC), en tanto que valida la ley de Amnistía de 1977, y de la cual el Tribunal Supremo —añade— ha precisado que solo el Parlamento puede derogar, cuando se pide que se anule para investigar los crímenes del franquismo. "La amnistía, lejos de ser una figura inconstitucional, forma parte del pacto fundacional de la democracia española y se presenta como una facultad de las Cortes Generales, en las que está representado todo el pueblo español (...) De esta forma, a quien está legitimado para tipificar o distipificar una determinada conducta se le concede, en lógica consecuencia, la facultad de amnistiar estos mismos hechos sin otros límites, que los que directamente emanen de la Constitución", afirma el texto.

Está previsto que el Tribunal Supremo, que lleva la causa del president Carles Puigdemont y los líderes políticos catalanes, una vez aprobada la ley de amnistía, presente un recurso de inconstitucionalidad en el Constitucional. No obstante, la misma ley de amnistía declara que su aplicación es inmediata y no la afectan los recursos. La ley también cita que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoce la amnistía para resolver conflictos políticos y cita una resolución reciente de 2021, y precisamente sobre una euroorden de detención en los Países Bajos. Además, recuerda que "la amnistía se contempla en más de treinta acuerdos internacionales suscritos por España en materia de traslado de personas condenadas o extradiciones, teniendo más de veinte de ellos rango de tratado o convenio internacional, lo cual implica una revisión previa sobre su plena constitucionalidad".

El imperio de la ley

En el redactado, se recuerda al Poder Judicial, en rebelión contra la amnistía, que su papel es aplicar la ley. En concreto, afirma que "la amnistía no afecta al principio de separación de poderes ni a la exclusividad de la jurisdicción previsto en el artículo 117 de la Constitución porque, como reza su propio texto, el Poder Judicial está sometido al imperio de la ley y es precisamente una ley con valor de orgánica la que, dentro de los parámetros antes expuestos, prevé los supuestos de exención de la responsabilidad, correspondiendo a los jueces y tribunales, así como al Tribunal de Cuentas o a las autoridades administrativas que sigan o hubieran seguido las diligencias, procesos, expedientes y causas a las cuales afecten los actos amnistiados, su aplicación a cada caso concreto."

 

El principio de igualdad, garantizado

Una de las críticas de la ley de amnistía es que se ha hecho a medida para decretar el olvido de los supuestos delitos que fueron cometidos por los políticos catalanes el 1-O. La propuesta de ley también lo rechaza de plano. Y expone que "el principio de igualdad no implica la necesidad de dar abasto universal a los efectos de la amnistía, sino que no existan discriminaciones entre personas que se encuentren comprometidas en el supuesto de habilidad de la norma (en este caso el Procés independentista)" e insiste en que "como ha dejado claro el máximo intérprete de la Constitución, el principio de igualdad tiene que aplicarse cuando exista 'identidad sustancial de las situaciones jurídicas'". En este caso, se podría argumentar que por eso la ley incluye a los policías investigados por las cargas en los centros de votación, siempre que en su actuación no haya dolo. Y se sostiene que "esta ley orgánica respeta el principio de igualdad en la medida en que su ámbito de aplicación se identifica de forma objetiva y justifica, de acuerdo con valores constitucionales, y sin que arbitrariamente se excluyan de la misma supuestos con una identidad sustancial". El legislador precisa que la ley de amnistía "se fundamenta en los principios de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación".

Terrorismo, grave y en sentencia

Incluso, la propuesta de ley orgánica responde a la intención, anunciada la semana pasada por el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Tsunami Democràtic, de preguntar a los tribunales europeos si los delitos de terrorismo pueden ser amnistiables en el derecho de la Unión. La ley de amnistía especifica que quedan excluidos de la amnistía los delitos de terrorismo "siempre que tengan una sentencia firme y constituyan alguna comisión de las conductas descritas en el artículo 3 de la directiva UE 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, que implican los delitos graves, como el asesinato.

Y, finalmente, para los más nacionalistas, la ley recoge que los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional, quedan excluidos del olvido penal, como también los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.