El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón quiere preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si en el derecho de la Unión Europea se podría aplicar la amnistía en los casos de terrorismo, según informa la agencia Efe este martes. Esta consulta, que se denomina cuestión prejudicial, podría provocar que la causa de Tsunami Democràtic quedara paralizada hasta una respuesta del tribunal europeo y, por lo tanto, no se le pudiera aplicar la amnistía. El magistrado ya insinúa esta consulta en el auto de este lunes, en el cual anuncia que está investigando por terrorismo al president en el exilio, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, junto con otra docena de encausados. 

Habrá que ver si la amnistía para el procés que negocia el PSOE con ERC y Junts precisa y blinda la aplicación de la ley hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional (TC). Por lo tanto, el efecto de la cuestión prejudicial podría bloquear el retorno del president Puigdemont y de Rovira, los dos en el exilio desde hace seis años. 

Directiva europea

En la resolución, el magistrado del caso Tsunami Democràtic se refiere a la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo. Precisa que "la regulación europea en materia de terrorismo, señala que la Unión se basa en los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales".  Y añade que "representan uno de los ataques más graves contra la democracia y el estado de derecho, principios que son comunes a los estados miembros y en los cuales se fundamenta la Unión".

El magistrado señala uno de los artículos de la directiva que sostiene que "los estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los actos intencionados considerados delito en el Estado y que pueden perjudicar gravemente un país, se tipifiquen como terrorismo cuando se cometan con uno de los fines enumerados en la directiva: incluyendo los atentados contra la vida e integridad física de las personas, y las destrucciones de instalaciones estatales o públicas, sistemas de transporte o infraestructuras".

Un muerto para Tsunami

En el auto, el juez García-Castellón admite que hoy por hoy se tiene que aclarar si la causa contra los supuestos organizadores de Tsunami Democràtic se investiga por terrorismo, desórdenes terroristas o un delito de terrorismo en concurso con uno de desórdenes.

La plataforma anónima Tsunami Democràtic convocó manifestaciones multitudinarias contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas el 2019, especialmente en el aeropuerto de El Prat y en la AP-7, en La Jonquera. 

Para justificar la causa por terrorismo, ahora el juez ha hecho investigar a la Guardia Civil si el hombre que murió de un ataque de corazón en el aeropuerto cuando se produjo la protesta se puede vincular a los investigados de Tsunami. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha anunciado que presentará recurso contra la última resolución del juez porque considera que el caso de Tsunami tiene que ser circunscrito al delito de desórdenes públicos, una vez derogado el delito de sedición.