Una mayoría de catalanes está en contra de una posible subida de impuestos, aunque esta sea para mejorar los servicios públicos. Así lo ha hecho saber el Estudio de Percepción de las políticas públicas y valoración de gobierno hecho público por el Centro de Estudios de Opinión (CEO). La encuesta, que se ha realizado en los meses de noviembre y diciembre, muestra que los ciudadanos, no obstante, tampoco quieren dejar de pagar impuestos y que eso cause un empeoramiento de las políticas públicas.

A pesar de la preocupación existente por el estado del servicios públicos, los catalanes no quieren mayoritariamente que se les toque el bolsillo para mejorar la prestación de servicios básicos como la sanidad y la educación. Los catalanes se niegan a pagar más impuestos: un 63% está poco o nada de acuerdo en pagar más impuestos a cambio de una mejora de la prestación de servicios. Todo en el marco de la negociación presupuestaria entre Junts pel Sí y la CUP, en que los anticapitalistas han exigido una subida del IRPF a las clases más altas.

No obstante, una mayoría de catalanes se sigue mostrando favorable a las políticas de estado del bienestar: sólo un 4% de los ciudadanos bajarían las tasas aunque eso fuera en detrimento de la calidad de los servicios públicos. Ocho de cada diez, en cambio, rechazan esta posible bajada de impuestos.

El paro y las relaciones con España, los principales problemas

Los principales problemas de los catalanes son el paro y la precariedad laboral y las relaciones entre Catalunya y España. En el estudio, se exponen otras preocupaciones generales como las políticas sociales o el desarrollo de la economía.

El paro y la precariedad laboral se ha situado como la primera de las preocupaciones de los ciudadanos, con un 32,9%. Acto seguido, destacan también las relaciones entre Catalunya y España (25,6%) y la insatisfacción con la política y los políticos (23,3%).

Algunas de las otras cuestiones que generan inquietud e interés por los catalanes han sido las políticas sociales y el funcionamiento de la economía, junto con los ámbitos de la educación y la sanidad, que inciden en gran medida sobre la mayoría de los ciudadanos.

Todo lo contrario, la inmigración, el acceso a la vivienda o la falta de transporte público se han situado en la parte baja de las preocupaciones, por debajo del 10% de los encuestados.