Cuatro días antes de hacerse pública la sentencia contra los líderes independentistas, el Tribunal Constitucional movió ficha para seguir apretando el margen de maniobra de los grupos independentistas en el Parlament. Lo hizo a través de la suspensión de varios puntos de la resolución aprobada durante el pleno de la Catalunya real de julio, concretamente los que reiteraban la reprobación de la monarquía y el derecho de ejercer la autodeterminación. Este jueves, los servicios jurídicos del Parlament han presentado las alegaciones correspondientes, exigiendo el levantamiento inmediato de la suspensión.
Los letrados de la cámara han enviado tres escritos respondiendo a tres incidentes de ejecución de sentencia promovidos por el abogado del Estado. La conclusión de los tres documentos es que resulta imprescindible que el TC desestime la petición de Moncloa porque los apartados anulados no contravienen sentencias anteriores, que es el argumento al que se agarra el Constitucional. Asimismo, los servicios jurídicos piden que queden sin efecto los requerimientos y advertencias personalizadas dirigidas al presidente Roger Torrent, al resto de miembros de la Mesa y al secretario general.
Las alegaciones desmontan el argumentario del TC sobre la "inviolabilidad que preserva al rey de cualquier tipo de censura o control de sus actos". Según los letrados, esta afirmación "menoscaba la más elemental noción de pluralismo político" y también las funciones representativas del Parlament.
En otro párrafo, el equipo jurídico expone que "atacar" la resolución suspendida "supone un efecto perverso de someter el funcionamiento de la cámara a un derecho de excepción, que restringe hasta límites inadmisibles y claramente desproporcionados el ejercicio esencial de cualquier parlamento."
A la vez, el recurso presentado deja claro que la finalidad del documento aprobado durante el pleno de la Catalunya real es meramente "declarativa", hace referencia sólo a una "voluntad política" y "no tiene carácter vinculante". Es decir, que se puede establecer un vínculo con textos aprobados durante la legislatura de Puigdemont porque la vigencia de aquellas iniciativas "se agotó una vez acabada a la legislatura en aplicación del 155 y con la disolución del Parlament".