La Mesa del Parlament de Catalunya ha acordado este martes, por unanimidad, presentar un recurso de casación contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anula la exigencia de un nivel B2 de catalán para acceder a plazas de chófer. El presidente de la cámara, Josep Rull, ha criticado la decisión y ha asegurado que responde “más a criterios políticos que no jurídicos”, advirtiendo que podría tener consecuencias más allá del Parlament y afectar también a la Generalitat. En paralelo, la Mesa ha decidido impulsar una modificación del régimen interno con el objetivo de reforzar su posición ante posibles resoluciones judiciales futuras. Rull también ha denunciado lo que considera un “sarcasmo”: que sea la justicia —un ámbito que, según él, “vulnera claramente los derechos lingüísticos”— quien acuse al Parlament de hacerlo.

La cámara recibió el lunes la sentencia del TSJC, dictada a raíz de un recurso de Convivencia Cívica Catalana contra la convocatoria de dos plazas de chófer. Sin embargo, fuentes parlamentarias aseguran que la decisión no tendrá efectos prácticos, ya que el proceso ya está resuelto y los candidatos seleccionados cumplen el requisito lingüístico. A pesar del recurso, Rull se ha mostrado poco optimista sobre su recorrido: “En materia de lengua, la justicia a menudo se guía por criterios políticos. Es una mala noticia para el país”, ha afirmado.

Rull alerta de una "inseguridad jurídica extraordinaria"

El presidente del Parlament de Catalunya también ha alertado que la resolución puede abrir la puerta a una “inseguridad jurídica extraordinaria”. Por eso, confía en que el recurso de casación sirva para “detener esta ola” y ha avanzado que se coordinará con el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, para abordar la cuestión conjuntamente. “Queremos un país normal donde los trabajadores públicos puedan utilizar la lengua propia con normalidad”, ha defendido. En cuanto a las medidas internas, Josep Rull ha explicado que se reformarán los Estatutos del régimen y gobierno interiores (ERGI) para proteger el uso del catalán ante futuras sentencias. Fuentes del Parlament remarcan que estos estatutos tienen rango de ley.

La resolución del TSJC considera que exigir el nivel B2 vulnera el derecho fundamental de acceso a la función pública. En la misma línea, la Fiscalía había defendido que el nivel adecuado debía ser el B1. El B2, de nivel intermedio, equivale al que se alcanza habitualmente al finalizar la educación secundaria obligatoria.