El Parlament ha aprobado por unanimidad declarar la conveniencia y la necesidad de que el expresident de la Generalitat Jordi Pujol "regularice de manera inmediata y voluntaria las cantidades pendientes con la Hisenda Tributària que habría defraudado fiscalmente". Es un punto de una propuesta de resolución que ha presentado Cs y que se ha aprobado a la Comisión de Asuntos Institucionales de la cámara catalana. El texto aprobado también "condena las conductas ilegales y corruptas en especial por parte de personas que han ostentado importantes responsabilidades políticas como Jordi Pujol". Y se declara la necesidad que el presidente del Parlamento, Roger Torrent, remita la resolución aprobada al expresidente para notificarle su contenido.

El segundo punto de la propuesta de resolución se ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos menos los de JxCat, que ha votado en contra. En concreto, en este punto el Parlamento insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias en transparencia para exigir a todos los expresidents que presenten y publiquen sus declaraciones de bienes y actividades al inicio y al final de cada legislatura.

 

A pesar de votar a favor de parte de la propuesta de resolución, el diputado de JxCat Marc Solsona ha defendido que el Parlamento ha hecho todo el que podía en sede parlamentaria sobre el caso Pujol en referencia a la comisión de investigación sobre el fraude fiscal que se hizo a raíz del caso del expresidente. Asimismo, Solsona ha dicho que su grupo no comparte la "intencionalidad escondida" detrás de la propuesta de resolución que, según el diputado, es "de señalar". Por otra parte, el diputado de JxCat ha concluido que esta comisión no se puede convertir en un órgano "parajudicial".

El diputado de ERC Josep Rodríguez ha defendido que en el Parlamento "no se le caen los anillos" para cuestionar expresidentes y se ha mostrado convencido que una propuesta de estas características no saldría adelante en el Congreso. De hecho, se ha referido directamente a las informaciones que vinculan al expresidente del Gobierno Felipe González con los GAL y ha puesto en duda que la cámara baja española lo investigue algún día.

Por su parte, la diputada de los comunes Conchi Abellán ha defendido que los delitos de evasión fiscal no tendrían que prescribir y ha añadido que su grupo siempre vota favorablemente de las propuestas que fiscalizan la corrupción.

A pesar de esta exigencia del Parlament, hay que recordar que cuando Pujol confesó, en julio del 2014, que había defraudado dinero y que tenía parte de su fortuna en Andorra, también regularizó cuatro millones de euros al amparo de una de las amnistías fiscales promovidas por el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro.