El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, trata de evitar la reinserción del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en la carrera fiscal. La defensa de González Amador ha recurrido el decreto por el que la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, acordó el reingreso de García Ortiz después de la condena a inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por revelación de secretos en el caso del fraude fiscal de González Amador. En el escrito del novio de Ayuso, avanzado por El Mundo, se exige la “anulación” de dicha decisión de Peramato y una nueva resolución en la que “declare la incapacidad [de García Ortiz] para el ejercicio de funciones fiscales”. González Amador ejerció como querellante y acusación particular en la causa penal que condenó a García Ortiz.
La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de perfil progresista, consideró siguiendo el criterio de la Inspección Fiscal que no había motivos para expulsar de manera definitiva a García Ortiz de su ejercicio en la carrera fiscal. Sin embargo, la defensa de González Amador alega que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala en su artículo 46.2 que entre las causas de pérdida del cargo de fiscal y la prohibición de volver a ejercer se incluye una condena de inhabilitación para cargos públicos. También sostiene que el artículo 32.4 del Reglamento de la Fiscalía apunta de igual forma a que la pena de inhabilitación para cargo público y que García Ortiz solo podría sustituir la expulsión del cuerpo por una suspensión si la condena fuera inferior a seis meses —el TS inhabilitó al ex fiscal general del Estado durante dos años—.
Inhabilitado dos años por relevación de secretos
Álvaro García Ortiz (Lumbrales, 1967) fue nombrado fiscal general del Estado en 2022 por el gobierno socialista de Pedro Sánchez, y desde entonces ha vivido un asedio desde los partidos opositores, y el rechazo desde la Asociación de Fiscales (AF), entidad conservadora que domina la carrera, y enfrentada a la Asociación Progresista de Fiscales (APF), a la que pertenecen García Ortiz y su antecesora Dolores Delgado.
García Ortiz dimitió de fiscal general del Estado el 24 de noviembre de 2025, cuatro días después de que el Tribunal Supremo anunciara el fallo de su condena por revelación de secretos sin la argumentación. Un hecho insólito que fue criticado desde la órbita legal y desde la política. El TS condenó a García Ortiz por revelación de secretos al sostener que él o “una persona de su entorno” difundió a un periodista un correo electrónico del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso —con la confesión de Alberto González Amador de ser autor de dos delitos fiscales— para desmentir una noticia falsa difundida por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, que admitió el bulo en el juicio. Pese a la inhabilitación por dos años, el TS no le condenó a prisión ni a dejar de ejercer como fiscal.