Martín Pallín (La Coruña, 1936) es un destacado jurista español y miembro emérito del Tribunal Supremo. Desde la lejanía que le da no ejercer desde hace años, Pallín es crítico con la actuación del tribunal y la fiscalía en el caso del 1-O. En la octava planta de un céntrico hotel de la ciudad de Ginebra, donde este lunes participó en una conferencia sobre la regresión de los derechos humanos en España, Pallín rechaza que los líderes políticos encarcelados hayan cometido algún delito y pide desjudicializar la política.
Quién es competente para juzgar el caso del 1-O?
Sorprende que haya tres tribunales competentes: el Supremo, la Audiencia y el juzgado número 13. No deja de ser llamativo. La competencia es un requisito esencial para que un juicio sea válido. Esto seguro que en Estrasburgo lo tumban de todas, todas. Quien es competente es el TSJC.
Algunos argumentan que lo es el Supremo porque afecta a toda España…
Afecta emocionalmente. El suceso del niño de Almería ha afectado emocionalmente a toda España, y a nadie se le ocurre decir que sea competencia de la Audiencia Nacional o de un organismo que no sea la Audiencia de Almería. Emocional y políticamente no discuto que afecte a toda España, pero el suceso ocurre en Catalunya.
Usted había sido juez del Supremo. ¿Cómo ve la actuación que está realizando y la judicialización del 1 de octubre?
Hay una judicialización constitucional que la veo lógica. En cualquier país casi federal, como el nuestro o como Alemania, cuando hay un conflicto entre el gobierno central y alguna autonomía el TC es llamado a resolverlo. Cuando el conflicto supera las competencias ordinarias, como ha sucedido ahora, el Gobierno puede usar el recurso de inconstitucionalidad. Eso, en una primera frase el sistema funcionó. Constitucionalmente creo que estaba claro que no era constitucional la Ley del referéndum y el referéndum, ni la Ley de transitoriedad. En cualquier país democrático allí hubiera terminado la cuestión.
¿Con el 155 se podía suspender a todo el Govern y convocar elecciones?
La Constitución española tiene muchas cosas de la alemana, y el 155 está previsto en la constitución alemana, aunque con una redacción distinta. Por eso, me puse a estudiar qué pensaban los constitucionalistas alemanes. Los que yo he consultado tienen muy claro que no se puede disolver el parlamento, porque reside en la soberanía popular y sería usurpar parte de la soberanía del pueblo de Catalunya. Hay bastantes, no unanimidad pero sí la mayoría, que opina que no se puede utilizar el derecho penal. Ahora bien, en lo que sí que hay unanimidad es que para emplear la fuerza se necesita la declaración del estado de emergencia. Aquí se ha disuelto el Parlament y el Govern y el día 1 de octubre pasó lo que pasó y conmocionó a la opinión pública mundial.
El Gobierno no puede dar órdenes a la fiscalía, pero me consta que a veces suena un teléfono negro
Usted también trabajó en la fiscalía. ¿Qué le parece la actuación?
El Gobierno no puede dar órdenes al ministerio fiscal, pero me consta, porque he estado despachando con el fiscal, que a veces suena un teléfono negro. Ahora no sé de qué color será. Para tomar una decisión de ese tipo el fiscal general, por pura responsabilidad tuvo que hablar con alguien del Gobierno. Esta decisión no la lleva a cabo el fiscal por propia voluntad y unilateralmente. Entonces, pone en marcha una querella que como relato periodístico está muy bien hecha, pero como relato jurídico no tiene ninguna consistencia. Incluso en un momento determinado llega a condicionar el delito de rebelión. Dice, bueno, si no es rebelión es sedición. Así ponen en marcha una especie de caja de los truenos que dispara de una manera absurda, desproporcionada y que, en mi opinión, aquí el derecho penal no tiene nada que decir. La mayoría de los penalistas están de acuerdo y no he visto a ningún penalista que haya salido en defensa del delito de rebelión.
Entonces, ¿qué delitos hay?
Malversación tampoco la hay. Según la resolución del propio TC, al anular la ley de referéndum, afirma que era una cosa pública, notoria y anunciada. Era su hoja de ruta. Que no busquen en agendas ni debajo de los cajones. Esto parece ya una cosa grotesca y ridícula. Se empleó dinero para unas finalidades que se votaron en el Parlamento. En mi opinión, no hay delito. Solo hay dos maneras de cometer malversación: meter la mano en la caja y la administración desleal, que en política no es posible.
Ahora mismo el Gobierno lo tienen los jueces; los jueces no estamos hechos para gobernar
¿Y desobediencia?
Tampoco hay desobediencia, porque es un delito contra las administraciones públicas y es un delito típico de funcionarios y autoridades no electivas. Por encima de todo está la autoridad que refrenda una persona elegida. Esto se le comenta a un parlamentario inglés y se lleva las manos a la cabeza. Nos encontramos ante la judicialización, penal, que es lo grave, de un asunto que debería resolver el Gobierno. Es político. Ahora mismo el Gobierno lo tienen los jueces. Hay que respetar la separación de poderes. Los jueces no estamos hechos para gobernar.
Por lo tanto, ¿no hay delito?
Yo no veo ninguno.
Se busca inhabilitarlos…
Aquí entramos en otro problema que debe plantearse una sociedad democrática, si un tribunal puede inhabilitar a un parlamentario elegido. Otra cosa es que un tribunal implique que un condenado no puede presentarse a las elecciones.
Ha habido una prisión preventiva. ¿Cómo se puede argumentar esa cárcel, si algunos incluso ya han renunciado a su acta de diputado?
No hacía falta decir que se dejaba la política. En una sociedad democrática, unos parlamentarios deben poder seguir sosteniendo ahora, o dentro de cinco años, que quieren una república independiente. Ya saben que no es posible. Ya saben que no es posible un referéndum unilateral y que el derecho internacional prohíbe la segregación de un territorio, porque no se puede manejar el concepto de la autodeterminación del año 63 porque fue más bien para procesos de descolonialización. Ahora la única forma de llevar a cabo la segregación, según el tribunal canadiense, es mediante un referéndum pactado.
Pero en algunos de los autos del juez se expone como argumentación que mantienen una ideología concreta…
Yo diría calma, esperen ustedes. Si dijeran "mira creamos una agencia catalana, cobramos nosotros los impuestos y no le damos nada al gobierno nacional"... En este caso, esto está penado, es usurpación de funciones y tributos ilegales. Aquí entraríamos en otro escenario, pero faltaría más que no pudieran seguir diciendo que quieren ser una república! Yo no lo entiendo. Además, no se puede justificar la prisión preventiva con la reiteración, porque esto se puso para delitos violentos y violencia de género.
¿Son, por lo tanto, presos políticos?
Están presos por haber cometido un delito político.
¿Y eso no les convierte en presos políticos?
El concepto preso político se relaciona con las dictaduras para los que se oponen a la dictadura. En una democracia, hay presos por delitos políticos.
Hablaba usted de ese teléfono negro… ¿Cree que hay separación de poderes en España?
En estos momentos se está poniendo en cuestión, y en cualquier caso lo que hay es una invasión y una expansión fuera de sus competencias, que afecta especialmente al poder legislativo.
Un juez no tiene facultades para impedir a un miembro electo ir al Parlament
Ahora no se deja salir a Jordi Sànchez para ir a la investidura, pero se dejó salir a un preso de ETA. ¿Por qué?
Hay una invasión por parte del poder judicial a las facultades del poder legislativo. Un juez no tiene facultades para impedir a un miembro electo ir al Parlament. Lo dijo muy claro el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en este caso: no solo se le impedía a él (el derecho a ser elegido), sino a sus electores. Eso es trasladable al caso de Jordi Sànchez.
También algún político del PP ha dicho que Jordi Turull —otra de la opciones que contempla JxCat— tampoco se podría investir...
Hay gente muy imaginativa.
El TC podría suspender el Parlament el día 30 y convocar nuevas elecciones. Tiene esa competencia?
Es una decisión discutible, pero no se puede estar en un eterno tiempo muerto. Hay que poner el contador en marcha y la mejor manera es poniéndolos en libertad. No hay riesgo de fuga, no hay peligro de destrucción de pruebas ni reiteración delictiva. Por lo tanto, se celebra la investidura y ya veremos como sigue en marcha el proceso. Esto destensaría mucho la situación y abriría cauces para el diálogo entre los políticos, que son los que tienen que resolver esta cuestión. Que no nos echen a los jueces esta tarea.
En el caso de los exiliados, el juez retiró las euroórdenes, y ahora la fiscalía quería preguntar a la Interpol si se les podía detener...
El gobierno suizo ya ha dicho que ni lo sueñen, que esto es un delito político y que no va a haber extradición. Tampoco la fiscalía no lo ha llegado a formalizar… Creo que un juez instructor la rechazaría.
Pero no les sorprende que haya cuatro personas en la cárcel por un delito y seis en el exilio con libertad de movimientos. ¿Cómo se puede justificiar eso jurídicamente?
Yo no he encontrado ninguna resolución que lo justifique.
En el procesamiento ya no puede decir que fué un tumulto; estoy expectante a ver cómo [el juez] narra la rebelión
Quizá lo vuelve a hacer cuando sean procesados?
El procesamiento tiene dos cuestiones interesantes. La primera es que el juez tiene que hacer una concreción muy clara de los hechos y que delitos incurren. Ya no puede decir que aquello fue un tumulto. Estoy expectante a ver cómo narra la rebelión. Cuando llegue el momento, tampoco el ministerio fiscal puede hacer un relato periodístico.
¿Podría ser que no se les imputaran todos los delitos? ¿Y que no se les impute la rebelión?
De momento no da la sensación que den vuelta atrás con el tema de la rebelión.
¿Eso ya nos dejaría la puerta abierta a una sentencia condenatoria?
Espero que no.
¿Como cree que se puede resolver el conflicto?
Políticamente, no tiene otra salida. Creo que al final los políticos van a tener que llegar a una solución y el sistema judicial no quedará en muy buen lugar.
¿Esta solución podría ser un referéndum?
Ahora, tal y como se han llegado a tensar las cosas política y emocionalmente, yo abriría un tiempo muerto. Un lapso de tiempo para el diálogo y las rectificaciones. Los políticos catalanes tienen que hacer una reflexión sobre este tema y pensar que ahora lo más razonable es destensar, empezar a gobernar. Yo ahora dejaría casi una legislatura y a partir de ahí empezar a hablar qué fórmulas se pueden encontrar.
La situación en Catalunya ha hecho despertar este nacionalismo español ancestral, que en muchos aspectos tiene vertientes no muy democráticas
Para llegar a estas fórmulas se tendría que reformar también España… PP y Cs nunca aceptaran un referéndum.
Parece que las cosas están así. La situación en Catalunya ha hecho despertar este nacionalismo español ancestral, que en muchos aspectos tiene vertientes no muy democráticas. Pero pensemos que el presidente Aznar dialogó con ETA...