El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presionado a Catalunya para que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que impone un 25% de horas lectivas en castellano en las escuelas catalanas, lo que es un ataque frontal al modelo de inmersión lingüística.
Durante el acto institucional para el Día contra la Violencia de Género, ha asegurado que "cuando un tribunal dice cómo tienes que cumplir" una sentencia, acatar este cumplimiento "es todavía más fácil". "No hay dudas. Hay cosas que no dependen de un presidente", ha aseverado, intentando salvar a Pedro Sánchez de la polémica sobre si tiene que obligar al Govern a acatar la sentencia.
Casado y el 155
El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, se sumó ayer a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que impone que el 25% de las clases se tienen que impartir en castellano. En su tono tradicionalmente incendiario contra Catalunya, ofreció al PSOE los senadores populares necesarios para aprobar la aplicación del artículo 155 en caso de que no se acatara la sentencia del Supremo.
En medio de la polémica concentración organizada por la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional para protestar en contra de la derogación de la ley mordaza, Casado se dirigió a los medios para exponer su plan para hacer cumplir las órdenes del Supremo: volver a aplicar el 155. "Si la Generalitat se declara en flagrante rebeldía, Sánchez tiene que hacer lo que esté a su alcance para que se cumpla la resolución", aseguró el líder de los populares. A pesar de la seguridad que mostró, no mencionó directamente el artículo 155 y se refirió como "el artículo de la Constitución que hace que el Estado pueda aplicar las competencias que según el título octavo le son propias".
Al mismo tiempo que ofrecía su apoyo para aplicar el 155, Casado aseguró que el Gobierno no querrá contar con su oferta, ya que "lamentablemente prefiere gobernar con la CUP", señaló. Así, el popular recordó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que está "obligado a hacer cumplir las sentencias de los tribunales" y que si no actuara, estaría "prevaricando".
El doble juego de Sánchez
Por una parte, el Gobierno se lava las manos y asegura que no solicitará la ejecución de la sentencia que ataca la inmersión lingüística y obliga a un 25% de las clases en castellano. Por otra parte, sin embargo, el mismo Estado señala el camino a la Generalitat: la sentencia es firme y se tiene que cumplir. En estos términos se ha pronunciado, este jueves, la ministra de Educación, Pilar Alegría, desde el Congreso de los Diputados. Todo ello aunque la sentencia tenía que ver con una ley educativa, la Ley Wert, que ya no está en vigor, después de que fuera sustituida por la Ley Celaá.
En una breve atención a los medios en los pasillos del Congreso, la ministra de Educación no se ha extendido mucho, asegurando que ya dará "todas las explicaciones" en el lugar oportuno, pero sí ha sido clara en un aspecto: "Ante una cuestión como esta, ante una sentencia firme, no hay debate. Es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública". I Pilar Alegría ha insistido en esta idea: "Sea la Generalitat o cualquier ciudadano, todos estamos obligados al cumplimiento de las sentencias firmes".