La comisión del Pacto de Toledo en el Congreso ha acordado este viernes un borrador con 21 recomendaciones para la reforma de las pensiones después de cuatro años de debate. El texto se someterá a votación el martes en comisión y vincula las pensiones al índice de precios al consumo (IPC), incentiva retrasar la edad de jubilación y sitúa el 2023 como plazo máximo para quitar gastos impropios de la hucha de las pensiones. El documento "reafirma el compromiso" del Congreso "con el mantenimiento, mejora y adaptación" del sistema público de pensiones y se opone "a cualquier transformación radical del sistema que suponga una ruptura de los principios en los que se basa el actual".

El documento servirá como base para que el Gobierno y, concretamente, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, impulsen la reforma del sistema de pensiones. Escrivá ya había apuntado en la línea de las recomendaciones —pilotadas por PSOE y Unidas Podemos— y ya había confiado en que el acuerdo llegaría pronto. También se tendrá que votar en el pleno de la cámara baja.

Retrasar la jubilación

Con respecto a la edad de jubilación, el texto afirma que "tiene que fomentarse la permanencia de los trabajadores en activo a través de la adaptación y mejora de los incentivos sociales, fiscales y laborales existentes" y dice que "es necesario profundizar en la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, siempre que no esté motivada por una pensión insuficiente". El documento menciona las jubilaciones anticipadas por actividad penosa como excepción a esta voluntad de alargar la edad de jubilación. Actualmente, la edad de jubilación es de 67 años o de 65 años para aquellos que hayan cotizado 38 años y 6 meses.

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La Marea Pensionista en una de las reivindicaciones en Lleida para pedir mejoras en el sistema de pensiones. / ACN

El Pacto de Toledo también fija como objetivo mantener el poder adquisitivo y mejorar las pensiones con su revalorización anual de acuerdo con el IPC real. "La revalorización tiene que ser diferenciada de cualquier otra acción de mejora encaminada no a conservar, sino a aumentar el poder adquisitivo —cuando lo permita la situación económica y con la oportuna cobertura legal—", dice el documento, que afirma que incrementos superiores al IPC se tendrán que pagar con recursos que no sean de la Seguridad Social.

En relación con los recursos del sistema, el texto apunta que hay que consolidar "la separación de fuentes y el restablecimiento del equilibrio financiero". En este sentido, el texto recoge que prestaciones y partidas impropias que se financian con las cotizaciones de la Seguridad Social —de la llamada hucha— tienen que pasar a hacerlo con financiación tributaria. Es el Estado, a través de los presupuestos, quien tendrá que asumir estos gastos —como prestaciones familiares o ayudas a sectores productivos concretos— de forma "progresiva" y en un "plazo breve de tiempo que no podrá exceder del año 2023".

ERC presentará voto particular

Fuentes de ERC han adelantado que los republicanos presentarán voto particular, ya que tienen objeciones al texto. Uno de los principales puntos con los cuales discrepan es que no se ponga punto final "al espolio" de la hucha de la Seguridad Social de forma inmediata y se deje tiempo para hacerlo hasta el 2023. También echan de menos soluciones para personas con largas carreras de cotización pero son despedidas antes de que alcancen la edad fijada para la jubilación, con penalizaciones muy grandes si se jubilan de forma anticipada.

Los republicanos también valoran positivamente otras incorporaciones de propuestas de ERC relacionadas, entre otras, con la brecha de género, pero lamentan que PSOE y Unidas Podemos hayan priorizado hacer el acuerdo "más transversal" para poder incluir a la derecha y hayan renunciado a hacer una apuesta más decidida por las pensiones públicas.