El titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona finalmente ha admitido a trámite investigar al expresidente del Partido Popular Pablo Casado, por las declaraciones contra la escuela catalana que hizo el diciembre pasado, según ha confirmado este miércoles el gabinete de prensa del TSJC. La Generalitat presentó una querella contra Casado por fomentar el odio contra la escuela catalana, ya que afirmó en un acto en Galicia que había profesores con instrucciones de no dejar ir al lavabo a niños porque hablan castellano. También aseguró que se les ponía piedras en las mochilas. El juez Santiago García investiga al exdirigente popular por los delitos de injurias, calumnias, odio o discriminación y lo ha citado a declarar el 30 de enero próximo a través de una videoconferencia.

Pablo Casado hizo estas declaraciones en un acto en Galicia en medio de la polémica política por la resolución judicial que obligó a una clase de una escuela de Canet de Mar a impartir el 25% de las clases en castellano. La escuela catalana volvió a ser el centro de la confrontación política, y las nuevas leyes catalanas para superar la aplicación del 25% de castellano en todos los centros educativos, como impuso el TSJC, está ahora en el tejado del Tribunal Constitucional, que tiene que resolver si son normas anticonstitucionales. Para el TSJC sí, ya que asegura que no establecen de forma clara que el castellano tiene que ser también lengua vehicular, como el catalán.

En la resolución, además de citar Casado como querellado, el juez también ha pedido al Partido Popular la grabación completa de la rueda de prensa donde hizo las declaraciones, y los medios de comunicación que asistieron al acto.

El Supremo envía la causa a Barcelona

La Generalitat presentó primero la querella en el Tribunal Supremo porque entonces Casado tenía condición de aforado, pero poco después la perdió al dejar de ser diputado en el Congreso. El Supremo archivó la querella y el ejecutivo catalán interpuso otra en un juzgado ordinario de Barcelona, que se inhibió a favor de uno de la Coruña porque las declaraciones se habían hecho allí, pero la Generalitat presentó recurso contra el traslado, y finalmente la investigación se realizará en Barcelona.

Las declaraciones de Casado provocaron una reacción de rechazo en las redes sociales, e incluso cuatro personas son investigadas por delito de odio contra la familia de Canet de Mar que pidió el castellano en la clase de su hija. Uno de los investigados aseguró que hacía befa de las declaraciones de los líderes populares.