La exvicepresidenta Joana Ortega ha rechazado esta tarde, al igual que ha hecho por la mañana la consellera Irene Rigau, que hubiese desobedecido al Tribunal Constitucional con el proceso participativo del 9N. Igualmente ha negado tener conciencia de haber dictado ninguna resolución injusta y mucho menos haber cometido ninguna irregularidad económica.
Ortega ha insistido que, una vez el TC suspendió la consulta del 9N, se paralizaron inmediatamente todos los expedientes económicos y actuaciones administrativas. El proceso participativo que se puso en marcha a partir de aquel momento tenía una naturaleza totalmente diferente. Cuando el 4 de noviembre, el TC admitió a trámite la nueva impugnación del gobierno central, el proceso estaba ya en manos de los voluntarios. “No había nada que yo pudiera detener”, aseguró. Por lo que respecta a su comparecencia pública la noche del 9N la ha justificado asegurando que era obligación del Gobierno comparecer ante un hecho muy relevante que se estaba produciendo.
Esta tarde, el TSJC ha vivido casi la repetición de la escena de la mañana. El Govern –excepto el presidente Artur Mas y el conseller de Economía, Andreu Mas Colell, afectado por una gripe– han acompañado la exvicepresidenta junto con una amplia representación de diputados del Parlament y una delegación de Unió encabezada por Ramon Espadaler.
Ortega ha llegado acompañada por sus dos hijos mayores y sus hermanos así como su compañero, Rafael Entrena, que se encarga de su defensa. “En un estado democrático dar voz a los ciudadanos es una obligación del Gobierno y entiendo que lo hice bien, con responsabilidad y respetando la legalidad”, ha asegurado tanto dentro como fuera de la sala.
Ortega no ha respondido ni a la acusación popular ni al fiscal. Y después de responder al juez y a la defensa, ha expuesto una declaración personal. La exvicepresidenta ha insistido en que ni ella ni nadie de su equipo recibieron ningún requerimiento ni recordatorio sobre la suspensión del TC. Es más, al igual que ha hecho Rigau, ha destacado que desde el Gobierno central se despreció la convocatoria del proceso participativo.
“La política no tiene que conducirse por los tribunales de lo penal sino mediante diálogo, negociación y consenso”, ha concluido, pidiendo que se ponga fin a un proceso que considera injusto.