Necesitaba un motivo convincente y creyó encontrarlo. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela marcó la casilla de corrupción a la orden europea de detención y entrega del president Carles Puigdemont y los consellers en Bruselas Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig para conseguir su extradición exprés.

Así lo publica ElDiario.es, que relata que la estrategia a seguir por la jueza es muy evidente: en la Unión Europea, las órdenes de extradición se resuelven inmediatamente si se marca una de las casillas de la lista que contiene más de 30 categorías. Ahora bien, por desgracia de Lamela, en estas casillas no aparece el delito por el cual pedía la orden internacional de detención: los de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

Entre las categorías que la jueza tenía opción de marcar para que se devolviera Puigdemont y los consellers en España se puede encontrar "pertenencia a organización delictiva", "terrorismo", "explotación sexual de los niños" o "violación". Pero como ninguno se adecuaba a los delitos de los que se les acusa, Lamela optó por acusar al Govern de corrupción y tener una mínima posibilidad que se les extraditara inmediatamente en vez de dejar la casilla en blanco.

El tema, sin embargo, no ha salido del todo bien. La justicia belga no ha tenido en consideración la acusación de corrupción en el Govern y, además, tal y como establece el acuerdo marco del Tratado de la UE relativo a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega en los estados miembros, el país que tenga que decidir si se ejecuta la euroorden siempre podrá rechazarla "cuando existan razones objetivas para suponer que la orden detención europea ha sido dictada con finalidades de persecución o sanción a una persona por razón de sexo, raza, religión, origen étnico, nacionalidad, lengua, opiniones políticas u orientación sexual.

 

Es importante recordar que todos los estados miembros han ratificado este acuerdo marco y, de hecho, incluye la firma del presidente español, Mariano Rajoy, que avaló así que las órdenes europeas de extradición no incluyan nada que tipifique los delitos de los que Lamela acusa al Govern.