Duras críticas de la oposición al Govern de Illa por "gobernar a golpe de decreto". Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana han criticado duramente al ejecutivo socialista para utilizar la fórmula del decreto ley para evitar los trámites parlamentarios habituales. De hecho, este mismo miércoles se han votado hasta cuatro, un elemento que ya ha sido criticado por el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE). Las críticas, sobre todo, han llegado en el decreto ómnibus, que incluye varias reformas fiscales, como la del IRPF y el ITP y que el Govern aprobó hace unas semanas en el Consejo Ejecutivo. El ejecutivo ha podido sacar adelante el decreto con los votos favorables de los socios de investidura, aunque se ha visto obligado a tramitarlo como proyecto de ley después de la picadura de corrusco del CGE y los únicos votos en contra de los Comuns.
El Decreto ley 5/2025 se estructura en tres títulos. El primero introduce modificaciones en tributos propios, como el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y el del canon del agua; el segundo, en tributos cedidos, como el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas, las deducciones por alquiler de la vivienda habitual, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o el impuesto sobre residuos, y el tercero incluye medidas en materia de gastos de personal relativos a la retribución de los funcionarios o las indemnizaciones de los bomberos voluntarios. El dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, sobre este decreto ley recomienda, a petición de Junts, la tramitación del texto como proyecto de ley una vez validado el decreto y concluye que algunas medidas no justifican la urgencia que exige el Estatut para los decretos ley y que, por lo tanto, lo vulneran.
La consellera de Economía, Alícia Romero, ha defendido que el Govern pueda aprobar por decreto ley modificaciones tributarias, a pesar del dictamen del CGE. "Ya lo habíamos hecho en otras ocasiones", ha defendido. La reforma de la IRPF paso de 9 en 8 los tramos y se rebaja el tramo más bajo, el que pagan las rentas de hasta 12.500 euros, del 10,5% al 9,5%. Sin embargo, sube el de 12.500 a 22.000 euros, del 12% en el 12,5%, y el de 22.000 a 33.000 euros, que pasa del 15% al 16%. Además, el decreto también incluye incrementar del 10 al 20% el tipo impositivo a los grandes tenedores para la transmisión de viviendas y fijar un tipo general del 20% en el caso de la compra de un edificio entero de viviendas, tal como pactó el PSC con los Comuns.
Junts acusa al Govern de mezclar "nabos y coles"
El diputado de Junts per Catalunya, Jaume Giró, considera que este decreto mezcla "nabos, coles y todo lo que encuentra por el camino". "Con eso, todavía podríamos hacer un buen caldo", ha ironizado el exconseller de Economía, que cree que pone en el mismo saco cosas que no tienen "ninguna relación". Los juntaires, que han anunciado su voto en contra, recuerdan que mezclan elementos como el acceso a la vivienda, el IRPF, la protección a las víctimas de violencia machista, el canon de agua, persecución de los grandes tenedores, renovación del parque de vehículos, el sueldo de los funcionarios en prácticas o la prevención de incendios.
Giró ha tildado este decreto de "collage ininteligible", con medidas "fiscales contradictorias". El diputado de Junts ha acusado al ejecutivo de Illa de "gobernar" a golpe de decreto, y es que considera que este comportamiento del ejecutivo es "una señal inequívoca de cuando las democracias deslizan hacia formas de gobierno autoritarias". "La fórmula del decreto ley no sirve para saltarse el Parlament, sino que sirve para la emergencia en situaciones urgentes", ha afirmado Giró, recordando el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que tocaba el corrusco al Govern por eso. El dirigente juntaire ha pedido debatir a fondo estos elementos y por eso ha solicitado tramitarlo como proyecto de ley a fin de que pase por todos los trámites parlamentarios.
ERC defiende el decreto y avala tramitarlo como proyecto de ley
ERC, que ha votado favorablemente al decreto, ha defendido que "quién más tiene, más paga," y es que el diputado Joan Ignasi Elena considera que con este decreto se rebaja el IRPF en las rentas inferiores a 33.000 euros. Los republicanos han pedido, además, ir mucho más allá con respecto al canon del agua. "Este decreto resuelve una cuestión como los que menos cobran, menos pagan", ha asegurado. Los republicanos creen que ya se podría haber resuelto este decreto a través de los presupuestos de Pere Aragonès, que fueron tumbados por los Comuns, hecho que provocó la convocatoria de elecciones anticipadas. Eso sí, ERC ha votado a favor de tramitarlo como proyecto de ley para "obedecer" el CGE.
PP y Vox cargan contra el decreto
El PP, como Junts, también ha estado muy crítico con el decreto ley y ha votado en contra. "Los socialistas ya nos tienen acostumbrados en los decretos ómnibus", ha dicho la diputada Míriam Casanova. Asimismo, ha pedido una rebaja del Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP). "Sufrimos una crisis generacional porque los gobiernos han sido incapaces de incentivar la oferta", ha criticado la popular, que ha recordado que el coste fiscal que representan la compra de una vivienda es de entre el 25 y el 30% de su coste total. "El ITP en Catalunya del 10% es el más alto de España. Este decreto no tiene en cuenta si es la primera vivienda", ha dicho la diputada popular. Por su parte, Vox también ha criticado la política fiscal del Govern del PSC y ha votado en contra de este decreto.