Como ya anunciaron este martes, todos los grupos de la oposición han solicitado un informe jurídico a los letrados del Parlament sobre diferentes aspectos de las leyes de desconexión y su tramitación. Sin embargo, aunque ha habido contactos, no ha habido solicitud conjunta: cada grupo lo ha hecho por separado. Ciudadanos, el PSC, CSQP y el PP han registrado la petición este miércoles al mediodía. Van dirigidas a la Mesa, para que solicite el informe a los letrados de la cámara.

La solicitud de Ciudadanos se centra en que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, decidiera retrasar la admisión a trámite de las leyes del referéndum y transitoriedad, ya registradas. Consideran que perjudica la "igualdad de condiciones de los diferentes grupos parlamentarios". La del PSC pone el foco en las mismas leyes, sobre su adecuación al ordenamiento jurídico constitucional y estatutario vigente. El PP pide un informe sobre ambas cosas.

La petición más extensa es la de CSQP, que pide que el informe jurídico gire alrededor de cinco aspectos: si la presidenta del Parlament puede "posponer sine die" la admisión a trámite de proposiciones de leyes; si pueden ser incorporadas en el orden del día del pleno sin admisión a trámite de la Mesa; en qué condiciones el pleno puede alterar el orden del día; si esta alteración puede producirse sin respetar el derecho a enmiendas o dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), y la viabilidad de admitir las dos proposiciones, teniendo en cuenta los dictámenes anteriores del CGE.

Este martes, en la reunión de la Mesa, ya se solicitó un informe jurídico a los letrados de la cámara, que fue rechazado con los votos de la mayoría de Junts pel Sí. José María Espejo Saavedra (Cs) y David Pérez (PSC) votaron a favor. Joan Josep Nuet (CSQP) se abstuvo. PP y CUP no tienen representación en este órgano.

Estas solicitudes se producen el mismo día que se ha conocido que Junts pel Sí y la CUP tienen intención de aprobar las dos leyes en el próximo pleno del Parlament, los días 6 y 7 de septiembre. Poco después de esta aprobación el Govern firmaría el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre.