Òmnium Cultural recurre a Europa para la protección de la inmersión lingüística en catalán ante las sentencias judiciales que establecen un mínimo del 25% de castellano en la enseñanza. La entidad cultural independentista ha enviado un informe al Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (COMEX) del Consejo de Europa, que se reunirá este miércoles 18 de noviembre. En el texto, solicitan que el comité acentúe la presión sobre España, al considerar que el Estado no está implementando las acciones que corresponden para garantizar el catalán en la escuela, en los centros sanitarios, en las oficinas de la administración o en los tribunales.
En 2024, el Comité de Expertos del Consejo de Europa —que no pertenece a la Unión Europea, sino que es un órgano independiente suscrito por 46 países sobre la base de acuerdos por los derechos humanos— criticó la intromisión judicial sobre el modelo de escuela catalana, considerando que el establecimiento de porcentajes le provocaba una "gran preocupación" y que "contraponía claramente los compromisos asumidos por España" en cuanto a la protección de las lenguas minoritarias. Entonces, hizo una serie de recomendaciones de acción inmediata. Ahora, el Comité examinará el grado de implementación de España de las recomendaciones que le hizo y emitirá un informe con nuevas conclusiones, que se tiene que hacer público y se tiene que dar conocimiento al Gobierno.
Òmnium alerta de la "preocupante pérdida de presencia del catalán" en la escuela, tanto dentro del aula como fuera, en un contexto sociolingüístico que "necesita la tarea compensadora de la escuela como herramienta de cohesión social, para garantizar que el alumnado que no tiene el catalán como lengua familiar o de entorno lo pueda aprender y utilizar con fluidez". Esta función social, avisa la entidad cultural catalana, es la que los tribunales "están poniendo en riesgo". La asociación independentista avisa que España presenta las medidas aprobadas por el Parlament y la Generalitat para proteger el catalán en la escuela "como prueba de cumplimiento" de las recomendaciones europeas mientras que, a la vez, "reconoce que estas mismas medidas están cuestionadas y limitadas por los tribunales españoles".
En este sentido, el presidente de la entidad, Xavier Antich, carga contra el "doble juego de un Estado que, mientras se presenta en Europa con una apariencia democrática y respetuosa hacia el catalán, permite que su poder judicial utilice la lengua como arma arrojadiza contra el modelo de escuela catalana". Antich considera que "es de un cinismo extraordinario que el mismo Estado que presume ante Europa de proteger el catalán en la escuela, tenga el modelo recurrido en el Tribunal Constitucional, contraviniendo las leyes vigentes, el consenso social y las recomendaciones de la comunidad educativa".
Un "problema cronificado" en la administración estatal, la sanidad y la justicia
Aparte del ámbito educativo, Òmnium también avisa en su informe de que el Estado "sigue sin garantizar el derecho a ser atendido en catalán en el ámbito sanitario y sociosanitario", un aviso que ya recogió el Comité de Expertos en su último informe. La entidad señala especialmente las carencias del sistema estatal de formación y asignación de profesionales sanitarios, que no exige un conocimiento suficiente de catalán a los residentes destinados a Catalunya. En este sentido, aportan datos del Col·legi de Metges de Catalunya: solo el 69,1% de los médicos encuestados sabe hablar catalán, menos del 61% lo sabe escribir y solo el 47,8% lo utiliza con los pacientes.
Òmnium también avisa de que el catalán en la Administración del Estado es "otro problema cronificado". La entidad señala que la administración estatal desplegada en Catalunya no garantiza el derecho de atención, trámite y resolución administrativa en catalán, y sostienen que los ciudadanos "se han de poder relacionar en catalán con normalidad, tanto oralmente como por escrito, sin derivaciones injustificadas o cargas adicionales". El mismo informe del Comité de Expertos reconoce que solo entre el 25% y el 50% del personal de atención directa de las oficinas estatales de Barcelona, Tarragona y Girona puede atender en catalán. El caso de la Administración de justicia lo consideran "especialmente grave" desde Òmnium, ya que "el Estado español continúa sin garantizar que los procedimientos judiciales se tramiten íntegramente en catalán cuando una de las partes lo solicite" y, añaden, "solo el 6,5% de las sentencias dictadas en 2024 fueron en catalán".