Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha dado parcialmente la razón a un padre del Institut Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta, en el Maresme, que pedía que su hija tuviera un 25% de la educación en castellano en su centro. Amparándose en la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del pasado mes de mayo, que avalaba la legalidad del requisito de un 25% de castellano en las aulas de las escuelas catalanas, el TSJC otorga a la alumna el derecho a hacer, además de la asignatura de castellano, "otra área, materia o asignatura no lingüística" en castellano, tal como denuncian desde Plataforma per la Llengua. Esta asociación ha anunciado que presentará un recurso contra la decisión del TSJC para evitar la imposición del 25% en este centro del Maresme.
Se trata de la primera sentencia que recoge el aval que el Tribunal de Estrasburgo dio al 25% de castellano en las escuelas catalanas el pasado mes de mayo, que, como denuncian desde la Plataforma, ya ha marcado jurisprudencia en el Estado español. El texto, por otra parte, también da por buena la sentencia del Tribunal Supremo de este mes de julio que instaba al Departament d'Educació a incluir el castellano en la rotulación de las escuelas públicas, ya que consideraba una discriminación contra la lengua cooficial la presencia solo del catalán. Para la entidad, la decisión judicial deja claro que se podrá imponer más castellano en los centros educativos a partir de las recientes resoluciones del TEDH y del Supremo.
En la sentencia de este lunes, la Sección Quinta de la Sala Contencioso-Administrativa del TSJC sostiene que el modelo lingüístico del centro no asegura una presencia suficiente del castellano en la actividad docente. La decisión del tribunal considera que restringirlo prácticamente a su asignatura específica vulnera el principio de equilibrio que debe regir entre las dos lenguas oficiales. Aunque la decisión rechaza la anulación del proyecto lingüístico del centro, concluye que el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano sigue vigente a pesar de la normativa aprobada por el Parlament en el año 2022 para evitar la aplicación de los porcentajes. Por esta razón, determina que la presencia de la lengua castellana debe materializarse con alguna materia más en esta lengua, que especifica que debe ser troncal o análoga.
Impone el castellano en toda el aula
El TSJC reconoce, con la decisión, "el derecho de la parte actora a que reciba, junto con sus condiscípulos, una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular". De esta manera, obliga a que sea toda la clase donde esté presente esta alumna a recibir más clase en castellano, a pesar de que el resto de familias no lo hubieran pedido o querido. De hecho, en su argumentación, el TSJC considera que, con el proyecto lingüístico del centro, que estipula que se trabaja en catalán en todas las áreas excepto en lenguas extranjeras y castellana, "ni siquiera parece que puedan cumplirse razonablemente los objetivos sobre uso lingüístico y curricular del castellano fijados en la nueva legislación catalana de 2022". En el escrito, la sala va más allá, y de hecho califica las normas como "inconstitucionales" a pesar de que el Tribunal Constitucional todavía no se haya pronunciado respecto de los recursos que pesan sobre ellas.
El tribunal afirma que "se tiene que dar una situación de equilibrio entre una lengua base que sirva de guía a la enseñanza, en este caso, el uso del catalán, y entre la lengua común a todos los españoles, que es el castellano, pues ambas están en pie de igualdad y el uso de una no puede comportar la exclusión de la otra". Reiteran, sin embargo, que el proyecto educativo del centro no garantiza una "presencia adecuada ni ajustada a la legalidad vigente" de la lengua castellana en la enseñanza y que se tienen que adoptar "las medidas idóneas para garantizar el derecho del alumno a recibir enseñanza en castellano".
Poner la defensa del catalán en el centro de la lucha educativa
Según la entidad, "la sentencia no solo es un ataque más contra la escuela en catalán, sino que es la primera sentencia que evidencia que, a través de las sentencias del TEDH y el Supremo, los contrarios a la normalización del catalán tienen una nueva vía para imponer más castellano en los centros educativos". Denuncian que decisiones como esta buscan "rebajar el conocimiento de catalán entre la población, hacer todavía más prescindible la lengua catalana y avanzar hacia una sociedad en que se pueda vivir con toda normalidad en castellano" y enmarcan el pronunciamiento del TSJC en "la operación de estado para residualizar la lengua propia del territorio". Además, señalan que esta ofensiva también pretende "desgastar el modelo lingüístico del sistema educativo" ignorando "cualquier voluntad democrática" del Parlament.
Ante estos hechos, la entidad "hace un llamamiento a convertir la defensa del catalán en una prioridad compartida de las luchas educativas del nuevo curso: es indispensable para la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el futuro del catalán", aseguran. Plataforma per la Llengua alerta de que, sentencia a sentencia, "se intenta desmantelar un modelo que, a pesar de no aplicarse en muchos casos como tocaría, ha sido avalado social y democráticamente, y considera que ha llegado el momento de articular una respuesta colectiva, sostenida y transversal antes de que sea demasiado tarde".