¿Quién es el juez Manuel García-Castellón, el magistrado de la Audiencia Nacional que trata de imputar un delito de terrorismo a las protestas de Tsunami Democràtic durante el Procés y procesar a Carles Puigdemont y Marta Rovira a contrarreloj? La asociación catalanista Òmnium Cultural ha dado un repaso este viernes en la red social X (Twitter) de algunos de los episodios más polémicos de la carrera profesional del magistrado, que lo vinculan a posiciones derechistas y una supuesta cercanía con el PP y que siempre "se inclina en la misma dirección", con "una implicación política importante" y "en momentos políticos sensibles", tal como ha criticado este viernes la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Según Òmnium, el juez García-Castellón, a quien quieren "denunciar públicamente", es "un agente de las cloacas del Estado que ha puesto el punto de mira en el independentismo pisando derechos fundamentales". La entidad catalanista recuerda que este juez —en la Audiencia Nacional en 1993 y miembro de la asociación de jueces conservadora 'Asociación Profesional de la Magistratura'—, está tratando de imputar a 11 personas de terrorismo por las protestas de Tsunami Democràtic contra la sentencia al Procés, en lo que han calificado de "una de las investigaciones más esperpénticas de la judicatura española".
Presuntos vínculos con el PP
La entidad catalanista señala supuestos vínculos de García-Castellón con el PP, en tanto que, afirman, el año 2000 el entonces presidente español José María Aznar (PP) lo designó juez de enlace en Francia "a dedo" y en 2012 el presidente a Mariano Rajoy lo trasladó a Italia. En total, 16 años de servicio en el extranjero con un voluminoso sueldo de alto cargo, hasta que en 2017, con 64 años, solicita volver a la Audiencia Nacional, "cobrar menos y trabajar más", según valora Òmnium.
García-Castellón se reincorpora a la Audiencia Nacional en sustitución del magistrado Eloy Velasco, que llevaba varios casos de corrupción relacionados con el PP como el caso Púnica. De hecho, durante su primer periodo de servicio en el AN, García-Castellón fue el responsable de llevar casos como el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el caso Banesto o el atentado de ETA contra Aznar en 1995. Después, cuando García-Castellón toma las riendas de los casos Púnica y Lezo, acaba procesando solo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y desvincula a Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón y Cristina Cifuentes, aunque habían sido investigados.
Exonera el emérito y cargos del PP e insiste con el independentismo y Podemos
El magistrado derechista también archivó la causa contra el rey emérito Juan Carlos I por las cuentas en el extranjero y la causa contra el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), "contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y con incoherencias que señalan a sus compañeros del AN", apunta Òmnium. Por el contrario, ha tratado de imputar en varias ocasiones a Podemos por el caso Dina, ya cerrado porque el Tribunal Supremo no vio indicios para imputar a Pablo Iglesias.
Últimamente, García-Castellón ha estado en primera página por los intentos de imputar como delito de terrorismo las protestas postsentencia del Procés organizadas por Tsunami Democràtic y procesar a Carles Puigdemont y Marta Rovira, "con el mismo sesgo que lo caracteriza", valora Òmnium. El magistrado derechista trató de atribuir a Tsunami la muerte de un turista francés por un infarto durante la protesta en el aeropuerto del Prat, aunque la embajada francesa, Aena y los informes médicos apuntaban que no había relación. En este sentido, Òmnium Cultural lamenta que en este caso "el juez criminaliza el derecho a protesta y pervierte el Código Penal", a la vez que señalan que la misma Audiencia Nacional le ha abierto expedientes por sus procedimientos irregulares.