Los derechos de la lengua catalana en la Catalunya Nord están en juego. Este mismo martes, cuatro ayuntamientos norcatalanes —Elna (Rosselló), Portvendres (Rosselló), Tarerac (Conflent) y Els Banys (Vallespir)— han tenido que comparecer ante el tribunal administrativo de Montpellier, denunciados por el prefecto. El motivo: haber permitido el uso del catalán (con traducción al francés) en sus plenos municipales. En este contexto de amenaza a la lengua, según ha avanzado la entidad a ElNacional.cat en primicia, Òmnium Cultural inicia una campaña para "garantizar la defensa jurídica de los ayuntamientos de la Catalunya Nord sometidos a proceso judicial por utilizar el catalán".
Según explican desde la entidad a este diario, bajo el liderazgo de la delegación norcatalana de Òmnium Cultural, se da el pistoletazo de salida a una campaña de donativos "para pagar los gastos del proceso judicial y poder garantizar el uso del catalán de los ayuntamientos de Elna, Els Banys, Portvendres y Tarerac". Desde la organización recuerdan que son juzgados "por el simple hecho de utilizar el catalán" y por eso colaborarán activamente con recursos económicos. "La defensa de la lengua tiene que ser robusta, constante y transversal de norte a sur y de este a oeste de los Països Catalans", en palabras de su presidente Xavier Antich.
Judicialización del caso
Elna fue el municipio pionero, el que puso la primera piedra. Todo empezó allí, un día que el teniente de alcalde, Pere Manzanares, intervino en catalán y los concejales de la oposición se marcharon del pleno. Después de este incidente, y de haber consultado a juristas, decidieron regularlo. De esta manera, el 21 de abril la localidad rosellonesa cambió su reglamento y se convirtió en "el primer municipio" en reconocer el uso del catalán "de forma oficial", a pesar del voto en contra de cinco concejales. Simplemente, se permitía que los concejales pudieran hacer sus intervenciones en catalán, con la condición de que fueran traducidas al francés. La respuesta del estado francés no se hizo esperar.
El pasado septiembre, el flamante nuevo prefecto de Pirineos Orientales —y exjefe de gabinete adjunto del presidente Emmanuel Macron—, Rodrigue Furcy, decidió llevarlo a los tribunales. El argumento del prefecto (figura equiparable a un delegado del Gobierno) se encuentra en el artículo 2 de la Constitución: "El Consejo Constitucional y los tribunales administrativos han considerado, en varias ocasiones, ilegales las deliberaciones de las asambleas deliberativas celebradas en una lengua diferente del francés. Corresponde al juez administrativo pronunciarse sobre la legalidad de la deliberación del municipio de Elna". El catalán es considerado un "elemento susceptible de estropear los principios fundamentales de la República y la jerarquía entre lengua oficial y lenguas regionales".