La negativa de la Fiscalía a aceptar la suspensión de la pena de prisión contra el líder de Òmnium, Jordi Cuixart, ha desaprovechado la última oportunidad de que disponía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "corregir la vulneración de derechos antes de ir a los tribunales europeos", según Òmnium Cultural.

La entidad subraya que el fiscalía ha adoptado esta decisión ignorando los llamamientos de Amnistía Internacional y de los principales organismos internacionales de derechos humanos.

También el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha recordado a través de un tuit que Sánchez dijo que "la fiscalía dependía de él" y ha denunciado que es esta misma fiscalía quien se opone a la libertad de Cuixart y el resto de presos políticos.

En la misma línea se ha manifestado el mismo Cuixart, que ha acusado la fiscalía de negligir su función y en el Estado español de estar sordo ante la comunidad internacional. Además ha añadido que seguirá defendiendo la "lucha democrática por la autodeterminación" y por el derecho en una vida digna.

Por otra parte, la Fiscalía defiende que Cuixart no tiene que salir de la prisión mientras el TC resuelve el recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O. En el escrito, el fiscal Alfredo Ramos Sánchez argumenta que la pena de prisión de Cuixart es de 9 años, superior a los 5 años que, según dice, es la "frontera" de la gravedad de la pena.

Y añade que el TC no suspende, por regla general, penas superiores a 5 años. De hecho, según el fiscal, la regla general que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) es que el recurso de amparo no suspende los efectos de la sentencia.