Podemos ha lanzado una campaña a las redes sociales para criticar a los seis magistrados conservadores que se han decantado por la suspensión cautelar de la reforma del Código Pernal. Así, según Podemos, con su actitud "han secuestrado la democracia". A través del perfil oficial en Twitter, la formación ha publicado un vídeo en que "ponen el nombre" y el "sueldo" que perciben estos magistrados, además de repasar episodios polémicos de su trayectoria. Por ejemplo, del actual presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano, y a quién pidieron la recusación o abstención para pronunciarse sobre el recurso del PP, Podemos señala que recibe un sueldo anual de aproximadamente 167.169 euros. También expone que tiene el mandato caducado desde junio, dado que es miembro del organismo desde el 2013, y que fue rector de la Universidad Rey Juan Carlos cuando se produjo el 'caso Máster'.

Sobre el magistrado Enrique Arnaldo, el partido lila expone que fue propuesto por el PP en 2021, que percibe alrededor de unos 141.000 euros y que llegó a declarar como investigado en el denominado caso Palma Arena. Y de la integrante del Tribunal Constitucional, Concepción Espejel, subraya que fue presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que condenó a los raperos Pablo Hasél y José Miguel Arenas Beltrán, cuyo nombre artístico es Valtònyc, con un sueldo también de 141.000 euros. De Antonio Narváez, a quien también intentaron recusar, Podemos critica que tiene el mandato caducado y que es colaborador habitual de la Fundación FAES, vinculada al PP, y con una retribución aproximada de 141.000 euros. De Santiago Martínez-Vares apunta que es magistrado desde 2013, que también es colaborador habitual de FAES y que cobra alrededor de 141.000 euros. Y de Ricardo Enríquez Sancho informa que es magistrado desde 2004, que fue designado por el Senado con mayoría del Partido Popular y que gana unos 141.000 euros anuales.

La Comisión Europea avala el Tribunal Constitucional

La Comisión Europea (CE) avala el Tribunal Constitucional (TC), recriminando a Pedro Sánchez no haber consultado "las partes interesadas pertinentes, incluidos, según corresponda, el poder judicial y los consejos judiciales" a la hora de sacar adelante la reforma del Código Penal. En este sentido, el Ejecutivo comunitario afirma que "cuando se trata de reformas de los sistemas judiciales a los estados miembros, siempre hemos sostenido que es importante que se consulte a las partes interesadas pertinentes, incluidos, según corresponda, el poder judicial y los consejos judiciales". Así pues, desde la Comisión Europea indican que el gobierno español tendría que haber consultado los partidos de la oposición, tal como reclama el PP, antes de impulsar la reforma del Código Penal.

Las fuentes comunitarias se refieren así a los estándares europeos que abogan para que antes de que una reforma de peso en el ámbito judicial sea presentada haya consultas "previas" con actores como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los fiscales y jueces o el Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia. En el caso de España, añaden las fuentes, corresponde al Tribunal Constitucional dirimir sobre cualquier "duda o queja" sobre la manera como se ejecuta el proceso de reforma y las autoridades nacionales cumplir las normas establecidas.