Después de advertir a un millar de cargos públicos, de enviar a la Guardia Civil a los medios de comunicación y de requisar carteles, folletos y documentación electoral en las imprentas y empresas de mensajería, la operación del Estado para detener el referéndum ha apuntado esta mañana directamente al president, Carles Puigdemont. Esta es la valoración que se hace desde el Govern de la operación que hoy está protagonizando la Guardia Civil en Girona, y que situaría a Puigdemont directamente en el punto de mira de la acción del Estado.

Poco a poco el círculo se va cerrando. La vía abierta esta madrugada se cobija en el llamado Cas Agissa. La Guardia Civil ha puesto en marcha una quincena de registros en las comarcas gerundenses en el marco de este caso, sobre presuntos delitos de fraude y administración desleal en la gestión y adjudicación del suministro de agua. En concreto, se investiga un supuesto desvío de 15 millones en beneficio de la parte privada de la sociedad, que representa un 80% del total de Agissa. Contra la parte pública no hay ninguna actuación.

Con todo, a las 9,20h de la mañana la ofensiva se ha acercado una poco más al president cuando un teniente de la policía judicial se ha presentado al Ayuntamiento de Girona, el consistorio que encabezó Carles Puigdemont hasta enero del 2016. El teniente ha reclamado información que, según la alcaldesa, Marta Madrenas, en buena parte ya había sido entregada a los investigadores o es pública.

"Utilización interesada"

El caso arranca de la época de gobierno socialista en el consistorio gerundense y Madrenas subrayaba hoy que la investigación se destapó con las auditorías anuales encargadas por Puigdemont como alcalde. Sin embargo, la vinculación de la investigación de corrupción con el nombre del president ha sido automática.

"Tengo que confesar que todos estábamos esperando a ver qué día entrarían en el Ayuntamiento de Girona y ha sido hoy", ha denunciado a la alcaldesa. No es la única que expresa esta denuncia pública de un malestar que correr cada vez con más intensidad en círculos soberanistas.

Incluso la CUP, que presentó en el 2015 la denuncia que abrió el caso, ha expresado la misma inquietud. "No nos parece inocente", ha advertido el cupaire Benet Salellas que ha señalado una "utilización interesada" de la investigación, doce días antes del referéndum.

La utilización de casos judiciales e incluso denuncias e informes falsos ha estado al orden del día los últimos años a la hora de desprestigiar a los máximos responsables del independentismo. No es, por lo tanto, una estrategia nueva. El independentismo ya tenía previsto que tendría que hacer frente a una estrategia "represiva" que incorporara todos los resortes del Estado, "permitidos o no".

"Han innovado poco en su modus operandi", ha ironizado el conseller de Presidencia, Jordi Turull, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern durante la cual no ha dudado de acusar al ejecutivo de Mariano Rajoy de intentar "destruir la reputación y la honorabilidad" de Puigdemont.

Con todo, la furia de la ofensiva contra el referéndum sorprende incluso a los estrategas del movimiento soberanista, que se muestran perplejos con acciones como el envío de la Guardia Civil a los medios de comunicación y confiesan que no se esperaban movimientos como la atribución de competencias de policía judicial en los cuerpos locales.

No descartamos que detengan a Puigdemont

La intensidad es tal que aseguran que ya ninguna respuesta les sorprenderá. "No descartamos que detengan a Puigdemont antes del 1 de octubre", llega a asegurar abiertamente y con preocupación un miembro destacado de la dirección del soberanismo.

El Estado ya ha intervenido las finanzas de la Generalitat, con un simple acuerdo del consejo de ministros -ahora en manos del Supremo a raíz del recurso del Govern-; los más de 700 alcaldes que han apoyado el referéndum han empezado esta mañana a desfilar por la Fiscalía; y los registros de la Guardia Civil se multiplican, aparte del entusiasmo de la policía local para actuar contra las pegadas de carteles.

La campaña del referéndum, sin embargo, sigue. Y lo hace con actos masivos por todo el territorio -donde a menudo se produce la identificación de asistentes y promotores por parte de la policía-, mientras el Govern insiste que está preparado para garantizar la celebración de las votaciones sea cuál sea la actuación policial. "A cada actuación represiva una respuesta democrática. A cada obstáculo una solución", ha reiterado este mediodía el conseller Turull, horas después que la Guàrdia Civil incautara en una empresa de mensajería de Terrassa notificaciones a los miembros de las mesas electorales.

Quedan poco más de 10 días para el referéndum. El Estado confiesa que se ha visto desbordado por la estrategia del Govern a la hora de explicar el 1-O al mundo, lo cual le ha obligado a reactivar la ofensiva diplomática, pero eso no ha impedido que despliegue una contundencia inusitada, que ha pisado líneas rojas como la libertad de los medios de comunicación o la violación de la correspondencia. "Esperamos cualquier cosa, ya", se asegura desde el Govern. Y aquí, la figura de Puigdemont aparece como uno de los objetivos más claros del Estado.

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