Este lunes el Consell per la República ha lanzado una nueva ofensiva para debilitar el estado español, un nuevo llamamiento a la campaña ya presentada el año pasado sobre la objeción fiscal. La iniciativa, #ProuMonarquia, tiene el objetivo de dejar de mantener aquellos organismos e instituciones que promueven la represión, y hacerlo practicando la objeción fiscal, una acción reivindicativa que consiste en mostrar el rechazo a una institución que va contra los principios ideológicos propios, para financiar otra con la cual compartes valor: en ningún caso es evasión fiscal, y es por eso que el Consejo recuerda que los impuestos objetados se tienen que ingresar en otra institución.

¿Pero por qué? Según explica el Consell, el año 2021 la suma del coste de la Casa Real Española, la Guardia Civil y la Polícia Nacional, aparte de la justicia española, representa un total de 7.281.734.620€, lo que se traduce en unos 350 euros por contribuyente. Es así que, con el fin de "dejar de mantener la represión española", la campaña #ProuMonarquia anima a que el dinero que se deja de pagar a través de la declaración de la renta, se ingrese en otras instituciones o entidades sociales que defiendan y trabaje por los valores republicanos. En este sentido recuerdan que desde el Consejo y ante la crisis de la covid-19, impulsaron el Fons Republicà d'Acció Solidària (FRAS), fondo que proponen como uno de los espacios donde destinar el dinero. El dinero que se ingrese en estos fondos, según el Consell, irán destinados a "dotar de estabilidad y robustez financiera las estrategias de avance hacia la plena materialización de la república, aprovechando la seguridad jurídica derivada del hecho de estar fuera de la jurisdicción española." ​

 

El riesgo mínimo

En una atención a los medios de este lunes, la miembro del Govern del Consell en funciones Aurora Madaula ha animado a que esta acción interpele a todo el movimiento independentista: "Tiene riesgo mínimo para el que lo hace, y si lo hace mucha gente, tiene un gran impacto de desgaste del Estado". Asimismo, ha asegurado que la campaña de este año incluirá asesoramiento de la Coordinadora de Abogacía de Catalunya para quien lo necesite, y ha resaltado que se trata de una acción coordinada con los consells locals del Consell de la República.

En la misma rueda de prensa Toni Castellà ha explicado los pasos a seguir: escoger el importe, hacer la declaración y hacer la objeción fiscal. También ha destacado que la objeción fiscal no es ilegal, sino alegal, y ha animado a hacerla con la finalidad de "hacer pedagogía y preparar a la ciudadanía para el ejercicio de una herramienta tan potente en la historia del mundo como la objeción fiscal, que comporta un desgaste reputacional del Estado".

En la web de la campaña, donde han desglosado qué cuesta la represión a cada ciudadano según cada organismo, el Consell anima a dejar de mantener la monarquía porque es una "institución caduca, corrupta, anti-democrática, heredera del régimen franquista y avaladora de la represión contra el pueblo de Catalunya". En la misma página mencionan una cita del autor de La desobediencia civil, Henry D.Thoreau: "Si 1.000 personas dejan de pagar sus impuestos, tal medida no es ni violenta ni cruel, mientras que si los pagan, permiten al estado cometer actos de violencia y derramar la sangre de los inocentes. Esta es la definición de una revolución pacífica".