Por si no se había generado bastante alboroto con las millonarias comisiones que se llevaron a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por sus gestiones en la compra de material sanitario, que resultó ser de afectuoso, parael ayuntamiento de Madrid, el diario Público saca a la luz un nuevo escándalo en la compra de mascarillas. Este afecta de nuevo al alcalde José Luis Martínez Almeida, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el nuevo presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que en el momento de los hechos solamente era presidente de la Xunta. Pocos días antes que los dos comisionistas se pusieran en contacto con el ayuntamiento, una empresa gallega ya había firmado cuatro contratos para hacer llegar mascarillas en la capital española. Sibucu 360 SL fue el primero al hacer negocios con el Ayuntamiento: 408.375 euros por 125.000 mascarillas quirúrgicas y 100.000 de FFP2, según ha publicado el diario.
Hasta aquí, todo correcto. Ahora bien, los trámites no se hicieron según marca la ley, ya que sobre cuatro de los modelos de las mascarillas FFP2 distribuidas por la empresa se detectaron alertas sanitarias por el riesgo que tenían sobre las personas. Desde la organización aseguran que solo 80.000 de los 80 millones que han importado estos dos últimos años de pandemia estaban alteradas. Además, antes de la covid, la empresa no se dedicaba a los productos sanitarios, sino a la consultoría técnica, y sus mascarillas llevaban un sello ilegal. Durante las primeras semanas de pandemia, esta empresa hizo caja, vendiendo productos a un precio razonables, mucho más reducidos que el de Luceño y Medina.
Empresario polémico y próximo a Feijóo
Hace falta tener en cuenta que quien hacía los negocios con China, desde donde vendían los productos, era la mercantil Moonoff SL, de la cual Sibucu es la única administradora y figuraba el nombre de la segunda en las adjudicaciones públicas. En estas compras, uno de los grandes nombres que destaca por encima del resto era el empresario José Ramón García González, fundador de una tecnológica gallega y muy próximo a la Xunta y al mismo Feijóo. García González, sin embargo, acumula tantos éxitos empresariales como polémicas judiciales. Por ejemplo, hace cuatro años, fue condenado a nueve meses de prisión por dos delitos continuados de fraude tributario y falsedad documental.
Los negocios de Sibucu no se limitaron solamente al Ayuntamiento, sino que el gobierno de la comunidad, encabezado por Isabel Díaz Ayuso también contrató la empresa, hasta con 8 contratos de emergencia, durante el comienzo de la pandemia, por un valor de 2.432.630 euros. Por otra parte, desde Galicia, compró 2,3 millones de mascarillas quirúrgicas y 300.000 FPP2, por un total de 1.945.000 euros en Sibucu, mediante 4 expedientes por el procedimiento de emergencia.