El hecho de que el estado de derecho en Polonia se encuentre en una situación de riesgo está afectando a su relación con los diferentes países de la Unión Europea. Es el caso de Noruega, que ha protagonizado un encontronazo con los polacos al negarse a extraditar a una persona drogodependiente de 34 años a su país de origen.
Según ha explicado el diario Rett24, el acuerdo vigente desde hace dos años sobre las órdenes de detenciones europeas permite "una considerable libertad de movimientos de acusados" entre ambos territorios. Sin embargo, la politización creciente del poder judicial en Polonia ha hecho que, cada vez más, esta práctica sea cuestionada.
Recorte del artículo "El Tribunal de Distrito de Vestfold se niega a extraditar a Polonia: teme una violación del TEDH" de Rett24
Los derechos humanos, amenazados
El pasado mes de marzo de 2020 se examinó el caso para ver si la supuesta extradición podría vulnerar el artículo 6 del convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (CEDH), sobre el derecho a un procedimiento equitativo. En aquel momento se consideró que no había bastante con el hecho "de que exista el riesgo de que el juicio en el estado que ha solicitado la extradición no satisfaga plenamente los requisitos del artículo 6 del CEDH", sino que, además "tiene que existir un riesgo real de violar el contenido básico del derecho a una justa prueba".
La situación en Polonia empeora
Ahora, sin embargo, la situación parece haber cambiado. En una sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de Vestfold, se concluye que la situación en Polonia "ha empeorado significativamente" y que, consiguientemente, eso podría afectar a la decisión anterior del Tribunal Supremo. "El tribunal finalmente responde a esta pregunta con un sí", continúa el medio.
Así, la justicia noruega llega a la conclusión de que esta entrega a Polonia "será contraria a la Constitución y al artículo 6 del CEDH sobre el derecho a un juicio justo por un tribunal independiente".
Valtònyc, más lejos de la extradición
La ejecución de las extradiciones son cuestiones especialmente sensibles en algunos países de la UE. En el caso de Bélgica, por ejemplo, sólo se llevan a cabo en casos muy concretos y claros. El buen ejercicio de la democracia ―con la consiguiente separación de poderes― en este país es evidente, tal como ha demostrado la sentencia que afecta a Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc.
El Tribunal Constitucional de Bélgica ha tumbado la ley de injurias a la Corona en el país a raíz del caso para la extradición del rapero. Preguntado por el Tribunal de Apelación de Gante, que examina la euroorden contra el cantante mallorquín, el TC belga ha dictaminado este jueves que la normativa belga de 1847, que castiga con hasta tres años de prisión aquellos que insulten al rey, es inconstitucional porque no respeta la libertad de expresión. El alto tribunal dice que la ley belga no se ajusta a la Constitución belga ni al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Imagen principal: el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki / EFE