La fórmula con la que Carles Puigdemont ha tomado posesión del cargo de president de la Generalitat ha sido avalada por los servicios jurídicos y se sustenta en una amplia jurisprudencia, según han asegurado a El Nacional fuentes tanto del Govern como del Parlament.
Entre los argumentos que se esgrimen para defender su legalidad hay, por una parte, el hecho de que "no existe ninguna ley ni normativa que regule los actos de toma de posesión, ni mucho menos la fórmula de juramento o promesa del cargo".
Fuentes jurídicas señalan, además, que la toma de posesión no es más que un acto protocolario, dado que el nombramiento viene precedido por la investidura y el decreto firmado por el Rey y el presidente del Gobierno español.
Se da, finalmente, la circunstancia de que todos los diputados prometen por escrito respetar la Constitución y el Estatut antes de poder adquirir la condición de parlamentario. Es, por lo tanto, un trámite que el presidenciable ya ha tenido que superar.