La consellera de Presidència, Neus Munté, considera "evidente" que la negativa de la Mesa del Congreso a otorgar el grupo propio al Partit Demòcrata Català, que se añade a la negativa que ayer recibió en el Senado, obedece a una "represalia" por la votación en el Parlament del miércoles pasado cuando se aprobaron las conclusiones de la comisión del Procés Constituent.

"Es evidente que es lo que parece, una represalia contra una formación política que forma parte de la mayoría independentista", ha asegurado recordando que hay precedentes que avalarían la petición del PDC de tener grupo, así como informes jurídicos favorables.

Munté ha hecho estas valoraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu y al mismo tiempo que el president, Carles Puigdemont, exponía su opinión a través de las redes.

Precisamente esta mañana, al acabar la reunión del Consell Executiu, los miembros del Govern han recibido la notificación del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) con el acuerdo que el viernes adoptó el TC de suspender aquella declaración. Uno a uno, el president, el secretari de Govern y los consellers se han reunido con los funcionarios del TSJC que les han explicitado la resolución del TC.

El alto Tribunal especificaba en su decisión que había que notificar el contenido personalmente a cada uno de los miembros del Govern y al president y transmitirles "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en que pudieran incurrir".

Obediencia al 27S

No obstante, la consellera de Presidència ha insistido una vez más, como ya hizo el viernes, en subrayar que el Govern mantendrá "obediencia al mandato democrático del 27S y las resoluciones del Parlament con una sólida mayoría que avala la hoja de ruta". "No somos demasiado dados a gesticular sino a hacer el trabajo. Y aquí estamos", ha remachado.

La consellera considera que, de las palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el viernes después del Consejo de Ministros se desprende que el ejecutivo del PP "pretendía que el Tribunal Constitucional fuera más lejos de lo que finalmente ha ido, que es la suspensión de las conclusiones". El Govern se mantiene a la expectativa de ver cuál es la conclusión que expone el TC el próximo septiembre y no prevé que ésta llegue antes de la Diada.

En cualquier caso, la consellera ha recordado que el TC tiene la función de dirimir sobre la constitucionalidad o no de las leyes, y ha acusado al Gobierno del PP de querer utilizar la reforma del Constitucional como "una herramienta hecha a medida" además de obligar a este órgano a "dirimir sobre debates que tienen un carácter político". "El TC lo entendemos como un árbitro del ordenamiento jurídico estatal pero no es un tribunal ejecutor ni se puede entender la Constitución como un Código Penal", ha advertido.

Rectificación de Albiol

Asimismo, la consellera ha reclamado al presidente del grupo parlamentario popular, Xavier Garcia Albiol, que rectifique sus palabras de ayer en que equiparaba la situación política catalana con el franquismo. "Exigimos que se retracte y que rectifique y que si no tiene bastante información, que se documente", ha reclamado.