La consellera de la Presidència, Neus Munté, ha indicado hoy a la CUP, durante el debate de una interpelación en el Parlament, que el Govern no variará su estrategia respecto el proceso soberanista. "En materia de agenda nacional, es decir, con respecto a la hoja de ruta, la voluntad del gobierno y de los partidos es cumplirla punto por punto", ha afirmado. Munté ha asegurado "que no hay nada más potente que un mandato democrático y que el objetivo sea claro y nítido". En este sentido, en un gesto para ganarse la confianza de los cupaires, Munté ha garantizado que "no rehuirán" el plan de gobierno que es tener preparado el país en 16 meses para ser un Estado independiente.

La CUP ha pedido al Govern gestos "inequívocos" de desobediencia para "no perder la credibilidad de lo que se hace desde el Parlament". Ha sido el diputado cupaire Joan Garriga el encargado de "poner las pilas" al ejecutivo de Puigdemont durante una interpelación sobre el momento histórico y excepcional que vive Catalunya. "Debemos dar sentido al mandato del 27S", ha reclamado. Garriga ha advertido de que "la excepcionalidad de la legislatura no entiende de chantajes ni de políticas autonomistas o de las que ahogan a las clases populares". Ante este toque de atención, la consellera de la Presidència ha pedido al diputado de la CUP que confíe en el Govern en cuanto al compromiso social con las personas, y especialmente en lo que tiene que ver con la hoja de ruta independentista.

No obstante, en la réplica, Garriga ha recordado algunas de las mociones aprobadas por el Parlament en 2014, como la que se pronunció en contra de la ley mordaza del PP, para denunciar que "aún en estos temas tenemos dudas de donde situamos al Govern" en cuanto a la voluntad de ruptura. "La mejor respuesta a los embates del Estado, es hacer creíbles y reales los acuerdos", ha exigido. En este sentido, la consellera ha querido dejar bien claro que frente a un Estado que trata de frenar el proceso, ésto no les hace "temblar las piernas". De hecho, ha aprovechado para recordar las imputaciones del expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y los exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs por el 9N, para añadir que defenderan "la legalidad de lo que estamos haciendo".