Catalunya tiene 947 municipios, de los cuales 599 son considerados rurales. De estos, 512 tienen la consideración de municipios rurales de atención especial y disponen de menos recursos técnicos, humanos y económicos. En este contexto, Eines de Repoblament Rural, el lobby que representa este medio millar de localidades, espera con mucha expectativa la llegada del próximo martes, jornada en que se reunirán con el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, para intentar cerrar la reforma de la ley de urbanismo para adaptarla a la realidad de los municipios rurales. En un encuentro en Puigverd d'Agramunt celebrado este sábado, la agrupación de alcaldes ha expresado su optimismo para que se produzca un cambio de normativa que facilite el desarrollo de proyectos de vivienda, así como más autonomía de la gestión municipal.
La sesentena de alcaldes reunidos en Puigverd d'Agramunt han constatado su rechazo a una ley de urbanismo que consideran “excesivamente rígida”, hasta el punto de que les provoca dificultades en cuanto a la elaboración, tramitación y aplicación de instrumentos como el POUM. Precisamente la localidad del Urgell donde se han reunido es uno de los municipios rurales que sufre estas dificultades. Su alcalde, Joan Eroles, ha dicho que en su caso no se puede desarrollar el plan porque “está elaborado con unos criterios urbanísticos muy grandes”.
La normativa actual también complica el desarrollo de proyectos en materia de vivienda en los pueblos rurales. Por ejemplo, el alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, ha explicado que la ley les impide reconvertir los equipamientos vacíos y construidos en suelo rústico, como granjas y almacenes, en vivienda. “Es una lástima tener edificaciones en ruinas cuando buscamos espacios donde vivir. El problema que tenemos es que la ley de urbanismo trata de la misma manera un municipio rural que un municipio metropolitano”, ha concluido.
Propuestas del mundo rural
El lobby reclama que el decreto ley contemple medidas como la reforma de la normativa urbanística para convertir edificaciones en suelo no urbanizable en vivienda permanente y habitual y ampliar los metros cuadrados de techo edificable de las construcciones existentes para destinarlos a vivienda habitual y permanente. También se pide reducir los estándares urbanísticos requeridos en el desarrollo de proyectos, así como los requerimientos de vivienda de protección pública y prever instrumentos de planeamiento urbanístico adaptados a la realidad de los municipios rurales. Entre sus reclamaciones también destaca que quieren ampliar su autonomía de gestión municipal.