Sigue el conflicto entre el Govern y Ferrovial. La Generalitat ha multado a la empresa durante 14 meses consecutivos por la mala gestión del teléfono de emergencias 112. Así pues, desde febrero del 2022, el Govern ha reclamado casi 70.000 euros a la empresa, según ha avanzado este lunes RAC1. Las sanciones que ha impuesto el Govern han sido sobre todo por el mal servicio que ofrece la empresa en las traducciones, ya que denuncia que hay usuarios que llaman al 112 sin saber ni catalán ni castellano y ningún miembro del servicio sabe atenderles. Los trabajadores de Ferrovial ya hace tiempo que se quejan de que hay poco personal para hacer frente a los miles de llamadas que entran en el servicio. Este es precisamente el motivo por el cual la Generalitat ha impuesto la multa que ha obligado a la empresa a pagar 68.200 euros, durante 14 meses seguidos, entre febrero de 2022 y marzo del 2023. A pesar de ello, fuentes de Ferrovial han explicado que no gestiona el servicio desde el 1 de febrero del 2022 porque recae en Serveo, una entidad independiente de la cual posee el 25%.

Mal servicio en las traducciones

Los errores graves en la gestión, la poca calidad y, sobre todo, el nefasto servicio en la traducción de idiomas son los hechos que ha sancionado el Govern. Según señala RAC1, el problema se da cuando personas que llaman al 112 para comunicar una urgencia, y no hablan catalán ni castellano, no pueden ser atendidas porque no hay suficientes traductores en el servicio, incumpliendo lo que marca el contrato. No es la primera multa que la Generalitat impone a la empresa, la anterior fue hace un año, y la multa fue de casi 19.000 euros por no cumplir el nivel del servicio que se había acordado. Fuentes de Interior han indicado que estas sanciones son habituales y que están previstas "en cualquier contrato de servicios de este tipo, al apartado de posibles penalizaciones que acuerdan las dos partes".

Este no ha sido el único contrato entre Ferrovial y el Govern que ha generado polémica, el primero fue el que se hizo durante la pandemia, cuando la empresa privada se encargó del rastreo de positivos de covid, sin hacer ningún concurso público. Una tarea que, según los diferentes partidos, se tenía que haber gestionado desde la atención primaria.

Aun así, desde Ferrovial niegan su implicación y aclaran que, desde febrero de 2022, ya no está a cargo de este servicio, sino que la gestión recae en Serveo, una entidad independiente de Ferrovial.

Traslado de Ferrovial a los Países Bajos

Después de mucha polémica, el pasado mes de abril Ferrovial decidió trasladar su sede a los Países Bajos después de que ninguno de los accionistas acabara vendiendo los títulos. El 93,3% de los accionistas de Ferrovial votaron a favor del traslado, según las cifras que hizo públicas la misma compañía después de la junta general de accionistas. El sí a la fusión transfronteriza obtuvo 524.626.719 votos favorables, en oposición clara a la presión que el gobierno español ejerció los últimos días para evitar el traslado, y en contra de los 32.564.783 que recibió el no, el 5,79%. Ferrovial anunció en su momento que el traslado no se haría si las peticiones superaban los 500 millones de euros, el 2,6% del capital. Para poder ejercer este derecho de separación, era necesario haber votado en contra del traslado en la junta de accionistas, donde un 4,45% del capital se opuso.

La votación se celebró en Madrid, y justo después, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos de Ferrovial prometieron continuar trabajando "de manera constructiva con todas las empresas españolas" para defender "sus intereses" e impulsar la expansión y el crecimiento. Aun así, desmintieron que una compañía cotizada en el Estado tenga dificultades para hacerlo también en la bolsa norteamericana, como argumenta la firma presidida por Rafael del Pino.