Un juez de Cornellà ha trasladado a la Audiencia Nacional su investigación sobre el actual jefe de los Mossos, Ferran López, y 7 mandos del cuerpo, por "la elaboración y la aprobación" de las pautas que rigieron el cuerpo de los Mossos para no evitar el referéndum.

Según el auto del juez de instrucción 3 de Cornellà, Antonio Baños López, que se ha inhibido del caso a favor de la Audiencia Nacional donde ya se investiga al major Josep Lluís Trapero y la cúpula política del cuerpo, ve indicios de delito y argumenta que aunque había varias decisiones judiciales que prohibían la celebración del referéndum, los Mossos no lo impidieron. Baños abrió de oficio la investigación y el 20 de octubre pidió información detallada a los Mossos. Entre la documentación hay un informe firmado por el mismo Ferran López que se entrega el 23 de marzo, donde se detalla a los responsables de la "redacción y aprobación de las pautas de actuación para dar cumplimiento a las órdenes dadas del TSJC".

El juez relata que los Mossos actuaron "con la intención de atacar directamente la forma del gobierno de la nación". "Los Mossos d'Esquadra ya sabían lo que tenía que pasar el 1-O y no lo evitaron, dibujando un operativo que desde su nacimiento sabían que naufragaría (no cumplieron con el cierre de los colegios, sabían días antes de la aglomeración de la gente en los centros, la distribución mínima de personal por cada punto de votación sabiendo de la afluencia de personas en los puntos de votación, la no utilización de los antidisturbios, etc.)", añade el texto judicial.

Sobre las unidades de antidisturbios, la BRIMO y ARRO, el escrito concluye que "sabiendo de la relevancia de los hechos que iban a pasar el día 1 de octubre, se permitió que aquel día a muchos de los efectivos se les diera el día festivo y vacaciones y permisos. Este tipo de unidades, por su especialización en el control de masas y orden público, son las que tendrían que haber intervenido y no lo hicieron".

El juez destaca que ni el 30 de septiembre ni el 1 de octubre hubo "ninguna actuación de las unidades especializadas" y ninguna actuación antes de las 6 horas del día 1 de octubre, "sabiendo que se habían hecho numerosísimos llamamientos a los ciudadanos para que ocuparan los puntos de votación y no adoptaran las medidas oportunas para evitarlo, de aquí que la mayoría de los centros estuvieran abiertos y se llevara a cabo la votación ilegal, y que está directamente relacionado con un mal planteamiento del dispositivo que ellos diseñaron y desplegaron".

Este planteamiento, según el juez, hizo imposible que los Mossos pudieran evitar el referéndum y "se limitaron, según las órdenes, a levantar acta". Antonio Baños llega a afirmar que hubo enfrentamientos entre miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y añade que la policía española interceptó una furgoneta cargada de documentación "que la cúpula de los Mossos pretendía destruir" la documentación sobre seguimientos y controles a políticos, periodistas, personajes públicos "contrarios al procés".

El juez cita también las advertencias de la Fiscalía y del coronel de la Guardia Civil Daniel Pérez de los Cobos, que coordinaba el operativo, que lo que habían previsto los Mossos eran pautas "inadecuadas".

Antonio Baños señala en su investigación a Ferran López y al jefe de la comisaría Superior de Coordinación Territorial, Joan Carles Molinero. El número 2 y 3 de Trapero.

Incluye también el jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Central, el jefe de la Comisaría General de Planificación de la Seguridad, el comisario de la Prefectura de la Policía, el intendente de la comisaría Superior de Coordinación Central, el jefe de la División Técnica de Planificación de la Seguridad y la jefa del servicio de Asesoramiento jurídico de la Dirección General de la Policía.

Ahora la jueza de la Audiencia Nacional tiene que decidir si se queda el caso y amplía los investigados. Actualmente, Lamela mantiene imputados al major Josep Lluís Trapero; a Teresa Laplana, responsable del dispositivo del 20 de septiembre; al ex director general de la policía, Pere Soler; y al ex secretario general de interior, César Puig.

Baños es el mismo juez que intentó inculpar recientemente al articulista de El Nacional Jordi Galves por un presunto delito de odio. El asunto quedó archivado.