Noticia económica de impacto la que publica el diario El País y que abre su portada de este martes. "Las principales firmas del Ibex reclaman más de 2.500 millones a Hacienda", titula el rotativo, en referencia a la victoria judicial que han obtenido las grandes empresas españolas después de más de 15 años de disputa en los tribunales con las autoridades europeas y españolas por ayudas concedidas durante el gobierno de José María Aznar, y que tuvieron que retornar por orden de la Comisión Europea, que las consideró ayudas de Estado. La Agencia Tributaria española se enfrenta a tener que pagar este pastizal por la reclamación que han activado las principales empresas del Ibex-35, como Iberdrola, Telefónica y Ferrovial, después de ganar un litigio histórico el pasado 26 de junio. Este día, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictó la sentencia definitiva que se les da la razón frente a la Comisión Europea, anulando la obligación de retornar las deducciones fiscales que tuvieron que hacer relacionadas con la compra de empresas extranjeras a través de filiales. Las empresas, informa el rotativo, "ya han solicitado al fisco cantidades que superan los 2.500 millones de euros, según revelan en documentación remesa a sus inversores".
Sin embargo, según explica El País, el agujero al cual se enfrentan las arcas públicas puede ser mucho mayor, dado que en el frente judicial contra la Comisión Europea por esta causa también está el Banco Santander, Agbar (hoy propiedad de Veolia), ArcelorMittal, Abertis o la filial de Axa en España. "Fuentes comunitarias estimaban desde hace años que este caso sobre posibles ayudas de Estado, ahora validadas por la más alta institución judicial a escala europea, podría conseguir cerca de 8.000 millones de euros. 4.000 millones en deducciones ya hechas en las últimas dos décadas —muchas de las cuales ya habían sido devueltas— y otros 4.000 millones en potenciales activos fiscales que ahora tendrá que aceptar la Agencia Tributaria. El abogado Juan Ignacio Navas Marquès, experto en derecho comunitario, asegura que el impacto para las empresas podría superar los 10.000 millones de euros", explica el rotativo.
El origen del conflicto
El origen del conflicto es una norma fiscal aprobada en 2001 durante el gobierno de Aznar, "la política económica del cual estaba liderada por el entonces superministro Rodrigo Rato", que permitía a las empresas españolas deducir impuestos en sus compras de empresas extranjeras. Esta deducción se aplicaba en el "fondo de comercio", es decir, el valor extra pagado para adquirir una compañía foránea. El objetivo era incentivar que grandes empresas españolas pudieran expandirse internacionalmente, pero otros países europeos (principalmente Alemania y Francia) consideraron que eso era una ventaja injusta y presionaron en la Comisión Europea para que lo investigara. La Comisión Europea entendió que estas deducciones fiscales eran ayudas de Estado ilegales y obligó a España a reclamarlas a las compañías, obligándolas a devolver el dinero deducido y dejar de aplicar el beneficio fiscal, que se mantuvo durante los gobiernos de Zapatero y Rajoy. Pero las empresas y el Estado español recorrieron delante los tribunales europeos. La sentencia definitiva del TJUE, emitida el 26 de junio de 2025, les dio la razón, considerando que actuaron de buena fe según la legislación vigente en su momento.
Tres decisiones contrarias de la Comisión Europea
La reclamación de la Comisión Europea contra España sobre estas deducciones fiscales empezó en 2009, 2011 y 2014, cuando la Comisión adoptó tres decisiones en las cuales consideraba que el régimen fiscal español aprobado en 2001 era una ayuda de Estado incompatible con el mercado común. Por eso, exigió en España recuperar las deducciones fiscales concedidas a las empresas que compraron compañías en el extranjero mediante el fondo de comercio financiero. Las empresas tuvieron que devolver estas deducciones a Hacienda en los años posteriores a las decisiones de la Comisión Europea, antes de ganar el litigio final en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado del mes de junio. "Tanto la abogacía del Estado como las compañías, representadas en este caso por despachos como Garrigues, Cuatrecasas, Pérez-Llorca o la oficina española de Latham & Watkins defendieron las bonificaciones ante la justicia europea hasta la victoria definitiva de hace poco más de un mes, afirma El País.
"Illa y la Moncloa agitan el Ayuso nos roba"
Al margen de la noticia de El País, el resto de portadas apuestan por temas diversos. El Mundo titula que "Illa y la Moncloa agitan el 'Ayuso nos roba para blanquear la cuota catalana ante de su electorado", y explica que Yolanda Díaz se ha sumado a la estrategia de atacar las rebajas fiscales del gobierno autonómico de Ayuso puesta en marcha para defender la financiación singular catalana. "Hay alguna cosa que va a la quiebra nuestro país y que rompe España: se llama dumping fiscal y es lo que hace por ejemplo la Comunidad de Madrid bajando los impuestos en los ricos y pidiendo financiación para que después el conjunto de los españoles y las españolas financiemos sus servicios", declaró este lunes la vicepresidenta segunda y líder de Sumar. "De esta manera, el socio minoritario de la coalición refuerza el frente común desplegado contra la dirigente del PP para tratar de minimizar los efectos de la polémica por el acuerdo suscrito con los independentistas como pago por la investidura del socialista Salvador Illa para que la Generalitat de Catalunya recaude y gestione todos los tributos generados en la segunda comunidad más poblada. Aunque el pacto se rubricó hace un año, ha sido este mes de julio cuando se han establecido las bases para hacer efectivo este traspaso en 2028".
Y la vicepresidenta del gobierno también es la protagonista de la portada de La Razón, que asegura que "Díaz se crece: amenaza Sánchez con consecuencias por las nucleares" en referencia a las declaraciones que ha hecho recordando que el pacto de la coalición de gobierno se basa en "un compromiso" para mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares, aunque el PSOE ha dado signos que podría aceptar cambios".
