Nacionalista bueno, nacionalista malo. La comisión mixta del concierto económico, formada por el Gobierno del Estado y el ejecutivo vasco, se ha reunido este miércoles en el Ministerio de Hacienda para ratificar la ley quinquenal que regirá la cuota vasca para el periodo 2017-2021, además de la legislación relativa al concierto económico que ampara fiscalmente a Euskadi. El titular ministerial, Cristóbal Montoro, se ha mostrado satisfecho con el encuentro, afirmando que era cuestión de "normalidad institucional". Tanto, que ha contrapuesto la situación al estado del soberanismo en Catalunya

"Lo que estamos haciendo hoy aquí no tiene nada que ver con lo otro. Aquello es un desafío secesionista radicalizado, que no tiene lugar ni en la Constitución, ni en la Unión Europea", ha sentenciado Montoro preguntado al respecto.

El ministro también ha opinado sobre la vía del Tribunal de Cuentas para que el expresident Artur Mas pague el 9-N. "Las instituciones están funcionando para quien las use ilegítimamente y se tienen que asumir las consecuencias. Ningún funcionario puede utilizar ninguna partida presupuestaria pública que haya sido declarada ilegal", ha zanjado sobre la cuantía destinada al referéndum que el Tribunal Constitucional tumbó.

El cupo vasco

Cuanto a los acuerdos adoptados con el gobierno vasco, el ministerio ha ratificado la cuota por importe de 1.300 millones de euros para el 2017 y mantiene el índice de imputación al 6,24% —desde 1982 está fijado en la misma cifra—.

La cuota es una ley quinquenal que se corresponde con el dinero que Euskadi tiene que enviar a Madrid cada año por competencias no transferidas —deuda autonómica, mantenimiento de instituciones comunes (Cortes, ministerios, Casa Real), infraestructuras o defensa—. En esta ocasión, están incluidas las compensaciones del impuesto de producción energética que se recauda en Euskadi, próximas a los 40 millones de euros; las políticas activas de empleo por 225 millones; las de impuestos por alcohol, bebidas derivadas y productos intermedios, cerveza, hidrocarburos y tabaco, que ascienden a los 87 millones.

También se ha aprobado el concepto de cuota líquida y compensaciones financieras definitivas del 2016, a favor de Euskadi —es decir, dinero que le será devuelto—. El primero es de 1.041 millones de euros —sin incluir la financiación anual de las políticas activas de ocupación—, al par que el segundo sube a 87 millones por impuestos de alcohol, bebidas derivadas, hidrocarburos y tabaco.

El consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, ha sacado pecho con el trato, tildándolo "de éxito total". "Es el segundo pacto que hemos suscrito con el gobierno de España en menos de dos meses", ha recordado. Azpiazu se ha mostrado satisfecho, afirmando que así se garantizaba la "paz fiscal" para su comunidad autónoma. Por su parte, Montoro ha recordado que no se entiende la historia de España sin el foralismo, aunque hay quien la quiere ver "muy centralista". Aquí prefiere no ponerse en el escenario de que el Congreso no le apruebe la ley, ya que tiene que ser ratificada por la cámara baja.

Tributos y otros acuerdos

Sobre fiscalidad, se ha acordado que la tributación de sucesiones y donaciones para los herederos vascos de muertos no residentes en España se hará en Euskadi, en adelante.

Cuanto a los objetivos de estabilidad presupuestaria, el gobierno vasco se ha comprometido a que la comunidad acabe 2018 con un déficit del 0,4%, mantenga el 0,1% el 2019 y 0% en 2020. Finalmente, la deuda pública para este trienio se ha estipulado en 14,2% para 2018, 8% para 2019 y 13,2% para el 2020. Asimismo, se tendrá que presentar el Plan Económico Financiero (PEF) 2017-2018 al no haber cumplido con la regla de gasto del 2016.

Otro de los acuerdos alcanzados prevé la creación de un grupo de trabajo para analizar el régimen especial de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión o televisión y los prestados por vía electrónica en el IVA, y su aplicación en el marco del Concierto. Estará compuesto por cuatro representantes de la Administración General del Estado y cuatro del gobierno vasco.