El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es hoy como la pasajera histérica de Aterriza como puedas, a la que el resto de los viajeros trata de calmar… a golpes. En los medios madrileños sacuden a Montoro como a una estera. El País, en su durísimo editorial de este domingo, pega con la mano abierta. Le acusa de “sembrar la duda sobre el Tribunal Supremo”, de “interferir en la causa [contra el independentismo catalán]”, de contradecirse, “cacarear”, etcétera. “Imperdonable”, concluye.

En Madrid, un editorial así era un certificado de defunción. Al menos hasta no hace mucho.

Montoro, el último superviviente de los años de Aznar, de ego combativo y gatillo fácil, ha recibido hasta en el cielo de la boca. La caverna mediática no perdona.

Urnas de los chinos

El Mundo, el mismo diario al que el ministro hizo la declaración fatal (“Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”) también abronca a Montoro: “Lo último que necesita la imagen de la democracia española es que sus defensores discrepen entre sí, para alivio y esparcimiento de sus agresores separatistas”.

En La Vanguardia de este domingo, Manel Pérez detalla y pone en contexto las razones de Montoro con criterio casi quirúrgico. Quiá. Los tortazos caen sobre el ministro desde casi todo el arco ideológico.

José Antonio Zarzalejos, quizá el columnista que mejor interpreta el sentir del establishment conservador madrileño, habla del “autogol” del ministro, “al sostener pugnazmente, frente a la acreditación policial en la instrucción de Pablo Llanera, que no se gastó ‘ni un euro público’ en referéndum ilegal del 1-O del 2017”. Su anterior columna —para situarse— se titulaba “Pablo Llarena, presidente”. Está todo dicho.

Más a la derecha, Jiménez Losantos habla “del bofetón de Montoro a Llarena”, juez “que tiene en su mano sentar en el banquillo no sólo a Montoro por el delito que se empeña en negar, malversación de fondos, sino por obstrucción a la justicia y prevaricación. Y ojito el resto del Gobierno”.

Para Ignacio Varela, más a la izquierda, se trata del “espectáculo del Ministerio de Hacienda saboteando públicamente al Tribunal Supremo en pleno proceso contra la sublevación separatista, mientras la Guardia Civil lanza dentelladas al ministro de Hacienda” y habla de “la tenaza Puigdemont-Rivera” contra el gobierno del PP, el PNV y “el independentismo institucional”, manufactura retórica con la que reúne en un solo concepto a PDeCAT y ERC.

Graciano Palomo juzga las declaraciones de Montoro como “un puñal envenenado clavado en la intercostal de Rajoy y en el corazón del juez Llarena”. Otra joven columnista de El Mundo se lamenta: “¡hasta los golpistas se amparan en Montoro!”. Francisco Rosell, el director de ese diario, en su columna dominical, escribe: “En su orgullo por sacar pecho […] Montoro ha lanzado un obús a la línea de flotación de la instrucción del juez Llarena […] el ministro ha dado alas al separatismo”.

Etcétera, etcétera, etcétera.

La matrícula del ministro

Con una o ninguna excepción, esos medios tenían tomada la matrícula de Montoro desde hacía, al menos, seis años, desde noviembre y diciembre de 2013. Por esas fechas, la filtración del expediente fiscal de una multinacional mexicana fue seguida de un reguero de destituciones y dimisiones en la Agencia Tributaria, dependiente de Hacienda. Montoro compareció en el Congreso para responder a diez preguntas del diputado socialista Pedro Saura. Desde la tribuna, el ministro sugirió que el escándalo se debía a la presión de los medios sobre su ministerio para esquivar sus dificultades fiscales. Que le extorsionaban, dijo sin decir. No dio nombres.

“Cuando veo algunas informaciones, uno llega a pensar qué tiene que ver con lo que está ocurriendo. ¿Será una forma de presión?”, se preguntó el ministro. “Uno no llega a entender algunas informaciones. […] Veo continuamente reportajes […] en determinados medios de comunicación que, por cierto, tienen bastantes problemas económicos, que me los cuentan a mí. Vienen al despacho a contármelos. Cómo no voy a conocerlos”.

Al diputado de IU, Cayo Lara, le reprochó: “sería de valorar que todos los grupos políticos, incluyendo IU de Madrid, pagaran a Hacienda, y no estoy denunciando nada que no sea público, puesto que están en proceso de embargo”.

Ese día Montoro echó barro sobre la oposición y la prensa, y salió del Congreso sin responder una sola pregunta. Ese día los medios tomaron buena nota.

Cada crítica, una amenaza

No era la primera vez que Montoro señalaba a la prensa para defenderse. Tras la amnistía fiscal de 2012, en respuesta a otra interpelación parlamentaria, aseguró: “En vez de dar tantas lecciones de ética a través de editoriales, lo que tienen que hacer [los medios] es pagar religiosamente los impuestos en los plazos pertinentes...”.

A la salida, se quitó de encima a los periodistas, que le pedían nombres. “La ley [el artículo 95 de la Ley General Tributaria] impide al Ministerio citar la situación fiscal de contribuyentes concretos, pero le permite hablar de la situación de un sector”, se justificó.

Sin embargo, la ley no fue obstáculo para que, en septiembre de 2014, también en comisión parlamentaria, Montoro citara la situación fiscal de un “contribuyente concreto”: Jordi Pujol, que había confesado el legado andorrano oculto.

El ministro lo describió como “uno de los más graves fraudes fiscales que se han conocido”, no descartó “que haya cometido uno o varios delitos fiscales”, y reveló que Pujol no se había acogido a la amnistía fiscal. Pim-pam. “Ningún político sensato puede tolerar actitudes de cinismo político de los que se escudan en el nacionalismo pretendiendo lanzar pulsos políticos al Estado y lucrándose y sacando partido personal al mismo tiempo”, agregó, entre otros dardos sin relación con la situación fiscal de Pujol, cuya causa, hoy, sigue en nada.

Ocurrió otro tanto con Juan Carlos Monedero, entonces diputado de Podemos, de quien se filtraron datos fiscales que le ponían en un buen aprieto. Montoro no se cortó en añadir sal a la herida a través de diversas declaraciones, en una de las cuales calificaba de “deplorable” la actuación de Monedero. El podemita acabó pagando más de 200.000 euros a Hacienda para evitar la multa.

"¿Lo tiene claro?"

En febrero de 2013, con el brazo en dirección a la bancada socialista, espetó: “Lo deberían entender todos, todos los adversarios políticos y todos los grupos que fielmente deberían pagar también sus impuestos, porque todos tenemos que pagar fielmente los impuestos”. La respuesta no tenía nada que ver con la pregunta, que cuestionaba su acusación a “algunos de nuestros famosos actores, [que] no pagan impuestos en España”.

El PSOE consideró la respuesta como una “amenaza inadmisible”.

Llovía sobre mojado. El mes anterior, en la Comisión de Hacienda, un diputado socialista le pidió explicaciones sobre la amnistía fiscal a la que quiso acogerse el extesorero del PP Luis Bárcenas. Montoro, en su respuesta, añadió esta coletilla: “No vaya a ser que haya otros a los que les faltan elementos en su declaración. ¿Lo tiene claro?”.

Una respuesta así asusta a cualquiera. Montoro, como responsable de la Agencia Tributaria, tiene acceso a los datos fiscales de todos los españoles.

Los técnicos y los inspectores de Hacienda han expresado repetidas veces su indignación y malestar. La asociación de técnicos de Hacienda (Gestha), ha acusado al ministro de ponerse la ley por montera con el uso político de datos de la Agencia Tributaria y ha pedido su dimisión, considerándole “el peor ministro de Hacienda de la historia”.

La Organización de Inspectores de Hacienda, siempre más moderada, ha advertido que la publicidad de datos tributarios puede frustrar su control. El ejemplo recurrente: Montoro declaró que la Agencia Tributaria actuaría contra los titulares de las tarjetas black de Bankia, cosa que permitió a algunos de los afectados adelantarse y regularizar su situación.

Desplantes

Las refriegas y desplantes en que ha intervenido o protagonizado Montoro se encadenan con regularidad casi mensual desde 2011 y cubren los 360º de la vida pública. Desde la farándula hasta el deporte y, desde luego, la política y los tertulianos.

Albert Carreras, mano derecha del conseller Andreu Mas-Colell en el Departament d’Economia, recuerda en en el libro Turbulències i tribulacions, els anys de les retalladles, que Montoro negociaba “como si fuera el ministro de otro estado, sin ninguna aproximación ni ganas de buscar salidas acordadas”. El propio Mas-Colell se vio obligado a reaccionar con energía ante las amenazas del ministro de “cerrar el grifo” a Catalunya.

Y así todo. El verano pasado, el exministro de Industria José Manuel Soria reveló, interesadamente, que su dimisión fue motivada por la filtración que Montoro habría hecho a Mariano Rajoy sobre la cuenta en Suiza de la madre de Soria.

Caiga quien caiga

¿Recibe Cristóbal Montoro lo que ha sembrado? Tal vez. La política en Madrid también viste capa larga y sombrero de ala ancha para ocultar el puñal y la cara. El ministro pone en entredicho el relato oficial —policial y judicial— de que el independentismo “siempre se ha servido del engaño y la fuerza para conseguir sus fines”, como dice el citado editorial de El Mundo; o que el procés “constituyó un golpe de Estado [que] tuvo un carácter violento: hubo usos indebidos y exorbitantes de la fuerza”, según otro editorial en El País.

Montoro ha tropezado con la razón de Estado, un “Estado que sigue reposando sobre las espaldas togadas”, en expresión de Zarzalejos que parafrasean entre el 99% y el 100% de los fabricantes de opinión de la corte.

Hoy por hoy, pinta mal para Montoro. En su editorial, El Mundo concluye: “Redoblamos nuestra confianza en que la ley, y solo la ley, termine prevaleciendo. Caiga quien caiga”.

Caiga quien caiga, ministro.