Las versiones del ministro Cristóbal Montoro sobre si existió dinero público para financiar el 1-O hace días que se matizan entre ellas, a medida que se hacen públicos informes de la Guardia Civil recibidos por la instrucción del Tribunal Supremo, que se superponen a las tesis de Hacienda sobre que "contablemente" no constaría, mientras parte de la nube mediática carga contra el ministro. Así las cosas, si este jueves Montoro admitía que el Govern podría haber desviado fondos públicos a través de "facturas falsas", el miércoles se cuestionaba en la tribuna del Congreso "si se podía hacer un referéndum sin dinero público".

"Usted representa una parte de Catalunya, la parte que ha votado para que estuvieran aquí y las ha votado con unas leyes democráticas, que es el contrario del 1 de octubre. ¿Qué fue el 1 de octubre? ¿Un referéndum? ¿Un referéndum se puede convocar sin presupuesto público?" se preguntaba Montoro, en el turno de debate con el portavoz de ERC Joan Tardà, cuando este denunció el "ridículo internacional" de España, después de que el tribunal de Slevig-Holstein descartara la Alta Traición en Carles Puigdemont, y la judicatura pidiera más indicios para fundamentar la presunta malversación.

El hecho es que, con su afirmación, Montoro dejaba la puerta abierta a un debate quasi ontológico sobre el delito de malversación. En primer lugar, porque si celebrar un referéndum "ilegal" era el elemento constitutivo de delito, y este no existió, porque "no tenía presupuesto público", se podría interpretar que la Generalitat habría despilfarrado una serie de dinero en una mera consulta, como el 9-N. En segundo lugar, las palabras dejaban en jaque, de nuevo, la tesis de las "facturas falsas", en medio del abanico de versiones sobre el 1-O porque ni presupuesto, ergo ni referéndum, existirían.

La cuestión es que el juego las palabras no deja de comprehender la versión oficial de Hacienda: y es que en las actas de las finanzas intervenidas, los ténicos de la administración no detectaron ningún desvío. Eso, sin detrimento de los informes policiales, por los que el juez de instrucción Pablo Llarena, requirió a Montoro a explicar de dónde sacaba la certea de que no hubiese malversación, ya que las pruebas del Supremo podrían apuntar en sentido opuesto. Por ello, Montoro, así como fuentes del ministerio, hace días dudan de si en algún caso se podría haber burlado el control de la Intervención.