La ministra de Igualdad, Irene Montero, quiere reformar la Ley Integral contra la Violencia de Género para blindarla de futuros cambios al ejecutivo español. La ley caduca el próximo año y la ministra Montero ha iniciado este lunes el proceso y ha sacado a consulta pública la reforma que pretende blindar el Pacto de Estado que las Cortes aprobaron en el 2017: "Gobierne a quien gobierne".

Según adelanta ElDiario.es, el objetivo de esta reforma es ampliar a "otras manifestaciones de la violencia machista", más allá de la pareja o expareja, en línea con el Convenio de Estambul. La vigencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género finaliza en septiembre de 2022 y por lo tanto, acaba el compromiso económico asociado. La intención de Montero es "garantizar que siempre en los Presupuestos Generales del Estado haya una partida suficiente destinada a la lucha de la violencia machista", protegiéndola así de un posible cambio de gobierno a la derecha.

También quiere establecer "una estructura organizativa con personal especializado" que incluya la administración local para mejorar la coordinación.

Delito archivado contra Montero

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha inadmitido este lunes a trámite una denuncia contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por un delito de malversación en relación con una campaña de su ministerio para el Orgullo LGTBI del mes de junio pasado. El Supremo, de acuerdo con el informe del fiscal, archiva la denuncia al no apreciar ningún ilícito penal. El particular entendía que el uso del término 'todes' en una campaña relativa al Orgullo LGTBI era "inapropiada".

La denuncia la presentó un particular en septiembre de este año contra la campaña del ministerio de junio de 2021 que llevaba por lema 'Orgullo de todas, todos, todes. Por una España feminista y diversa '. Alegaba que esta campaña fue financiada con fondos públicos y que "la autoría intelectual" era de Montero.

Igualdad

En el auto, ponencia del magistrado Miguel Colmenero, el TS recuerda que al gobierno le corresponde la dirección de la política interior, y para ejercer la función ejecutiva (artículo 97 de la Constitución) tiene a su alcance la disposición de los fondos públicos, y "que tanto en uno como en otro aspecto, el entendimiento del mundo y de la sociedad, y la consiguiente promoción de los valores que, según la ideología que se defienda, se consideren dignos de protección, permite a cada opción política orientar el uso de aquellos fondos con estas concretas finalidades".

En este marco, el tribunal considera que las discrepancias políticas no tienen que trasladarse al ámbito penal: "La discrepancia respecto del acierto o de la oportunidad de la forma concreta en que se utilicen, se tiene que tener su respuesta en el campo político, sin que pueda ser trasladada al ámbito penal, reservada para las infracciones más graves de las normas de convivencia, tipificadas como delito en el Código penal".

Imagen principal de Irene Montero- Europa Press