El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo este martes al mediodía para no acabar de pronunciarse del todo sobre la nueva propuesta de Junts per Catalunya: multar a aquellas empresas que se nieguen a volver al país, después del abandono del 2017 promovido por el Estado. "Siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas" ha respondido en incontables ocasiones Pilar Alegría, la portavoz del ejecutivo de Pedro Sánchez, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Han sido preguntados si eso significa que están en contra de sancionar las empresas que se mantienen fuera de Catalunya, y Alegría se ha negado a dar ninguna pista más.
Tampoco se mueven ni un dedo fuentes de la sala de máquinas de la Moncloa. Desde la cúpula del ejecutivo reiteran que todavía a estas alturas negocian con Junts per Catalunya un acuerdo para aprobar los decretos ley que se votarán este miércoles en el Congreso de los Diputados. "Estamos negociando", reiteran en varias ocasiones. No parece que en el Gobierno les guste la idea de multar empresas, pero al mismo tiempo no dejan claro si se podría hacer una propuesta a la inversa: promover con incentivos positivos que estas entidades regresen a Catalunya. Desde el ejecutivo que preside Pedro Sánchez recetan "prudencia" y "respeto a las negociaciones" con el partido de Carles Puigdemont.
Hay que tener en cuenta una cosa, sin embargo: Junts per Catalunya ha desvinculado este martes esta propuesta de sancionar empresas de cualquier acuerdo para dar luz verde a los decretos ley del Gobierno. Y el ejecutivo tampoco concreta si estos aspectos tienen que ir en el mismo saco o no. Sea como sea, todo indica que en la Moncloa hay más optimismo por un acuerdo con Junts per Catalunya que con el PP. Señalan que Alberto Núñez Feijóo no tiene una actitud negociadora, mientras aseguran que con los independentistas sí que negocian con más profundidad.
Junts per Catalunya se mantiene en el 'No'
Este martes a primera hora, Junts per Catalunya ha propuesto multar a aquellas empresas que no regresen a Catalunya después de su huida del país en 2017. Si bien esta mañana el portavoz de la formación independentista, Josep Rius, ha reclamado sanciones, ha sido la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien ha insistido por activa y por pasiva: "Siempre damos máxima seguridad jurídica a nuestras empresas".
Rius ha insistido en que están en contra de "unos cuantos elementos" de los decretos porque "agravan la infrafinanciación" del Govern y pueden demorar la efectividad" de la aplicación de la ley de amnistía. "No queremos que en la primera curva quede impedida", ha dicho sobre la ley que tiene que reparar la persecución judicial a independentistas. Rius ha advertido que se tienen que retirar los tres decretos y "rehacerlos temática por temática". "El PSOE confunde negociar con informar", ha aseverado. "No se puede dar la política de hechos consumados", ha continuado. Aparte de la amnistía y la financiación, Rius se ha mostrado en contra de la subida del IVA de la electricidad y el gas y ha pedido que el IVA del aceite sea cero.