El Gobierno confía en que la ley para el referéndum del 1 de octubre que este viernes han firmado a todos los diputados de Junts pel Sí y la CUP se acabe quedando en el registro del Parlament y se quede allí durante un tiempo, hasta que finalmente no se acabe llevando a la Mesa de la cámara catalana, o sea directamente impugnada por el Estado. Así lo han afirmado fuentes de la vicepresidencia, una vez finalizada la rueda de prensa de este viernes del presidente del ejecutivo, Mariano Rajoy, donde ha anunciado la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional para girar la reforma del reglamento para aprobar la desconexión exprés.

Las fuentes reconocen que la firma de la ley de referéndum, y su registro –que se hará previsiblemente el lunes–, no mantiene base legal para impugnarla todavía. Creen que el gesto del Govern y sus diputados formaría parte de otra escenificación política y de "el anuncio del anuncio", como ha criticado severamente el ejecutivo en varias ocasiones, en referencia al avance de la hoja de ruta. Ahora bien, las fuentes aseguran que la impugnación se llevará a cabo de forma inmediata, si finalmente la legislación para el 1-O se acepta a trámite en la Mesa.

En la Moncloa están pendientes de todos los movimientos que se llevan a cabo en el Parlament. Este viernes lo han personificado José Luis Ayllón, una de las manos derechas de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. "Es Secretario de Estado de tri-relaciones con las Cortes", ironizan al respecto porque se hace cargo del Congreso, el Senado y a veces de las reuniones de los órganos de la cámara catalana. Fuentes de vicepresidencia de Moncloa añaden que otros interlocutores habituales son la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, y el del PSC, Miquel Iceta, además de "su gente".

Precisamente, a partir de las informaciones recibidas, han encontrado un indicio para avalar que la ley no pasará del registro: que este viernes se ha convocado la Mesa del Parlament y no se ha decidido nada sobre aceptar la ley a trámite. En consecuencia, su sospecha es que los diputados independentistas dejarán allí la ley, conscientes de que en el mismo momento que sea admitida a trámite, se actuará legalmente desde el Estado. "La Mesa está advertida", recuerdan las fuentes. Añaden que "cualquier acto preparatorio" de referéndum, como es el caso, también sería un "delito" que les permitiría actuar.