El discurso del Gobierno no ha cambiado ni una coma desde que la ONU publicó el dictamen del Comité de los derechos humanos en que sentenciaba que el Estado había violado el derecho político de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull cuando fueron suspendidos como diputados del Parlamento. Ahora, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que "lo que es importante es que ya estamos en una nueva etapa en Catalunya de diálogo, de acuerdos, de superación del conflicto" en la cual se hace "política de verdad, útil para superar aquella etapa absolutamente pésima en la historia de nuestro país que no llevó en ningún sitio". Yendo más allá, Bolaños ha remarcado que el texto "no es vinculante", pero que el ejecutivo lo estudiará.

Pocas horas después de que se publicara un dictamen que ha supuesto una buena noticia detén el independentismo y que desde Junts se ha utilizado para defender a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, el Gobierno ya se sacudía las culpas. La primera a pronunciarse fue la ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez, que también había sido alcaldesa de Gavà. Así, aseguró en los pasillos del Congreso que los PSOE "respeta escrupulosamente todas las decisiones" del comité en cuestión.

Además, como ha hecho este viernes Bolaños, Sánchez también insistió en el discurso socialista de la apuesta por el diálogo en Catalunya, contrastándolo con lo que hizo al gobierno Rajoy contra el independentismo: "Queda claro que este gobierno apuesta por el diálogo, que ha desterrado la actitud de la confrontación que ejerció el PP, y que el reencuentro y el diálogo son las únicas alternativas que existen", reflexionaba.

Compromiso para subir el SMI

Bolaños también se ha referido hoy al compromiso del Gobierno con subir el salario mínimo intergeneracional, un tema que ha vuelto a poner encima de la mesa la vicepresidenta Yolanda Díaz. El ministro ha asegurado que desde Moncloa existe uno comprimiera "indiscutible", en lo que espera poder trabajar con el conjunto de los agentes sociales para "mejorar la vida de los trabajadores". La intención del ministerio de Trabajo es fijar el SMI al 60% del salario medio para el 2023, último año de la legislatura.

En este sentido, ha sacado pecho de la gestión de Sánchez sobre el SMI, recordando que en el inici del mandato del gobierno de coalición, este era de 700 euros, una cifra que tres años después ha llegado hasta los 1.000 euros. "Imaginaos cómo sería la vida de los trabajadores con un salario de 700 euros", ha dejado caer.