No hay acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas. En esta ocasión, el motivo de la discrepancia son los servicios sociales. Este miércoles, se tenía que votar en el seno del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia el nuevo modelo de residencias para personas mayores y dependientes que plantea el Ministerio de Derechos Sociales, pero la falta de consenso ha forzado al ministerio encabezado por Ione Belarra a aplazar la votación. El documento con las nuevas medidas no satisface a Catalunya, que considera que el texto se tendría que limitar a una recomendación ya que, si este fuera de obligado cumplimiento, supondría "una nueva invasión competencial en el ámbito de la atención social y una muestra más de la voluntad recentralizadora del estado en esta materia". Son declaraciones del Departament de Drets Socials que recoge la ACN.
En este sentido, Drets Socials defensa que Catalunya "hace tiempo que avanza en la transformación de la atención a las personas en situación de dependencia y en la promoción de la autonomía personal". Sobre este proceso, el Departament liderado por Violant Cervera entiende que tiene que ser "ordenado, consensuado con el sector, sostenible y sin injerencias competenciales". Por todo ello, la votación se ha aplazado y el nuevo modelo de residencias todavía no se implementará. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 sostiene que esta votación se celebrará más adelante porque así se ha "acordado" con las autonomías y confían en "cerrar los últimos detalles a lo largo del próximo mes".
El nuevo modelo se vertebra sobre varios ejes: entre las medidas que se estipulan, se recoge que la ratio de los centros residenciales se reduzca hasta "un trabajador por cada dos residentes", que haya una ampliación del número de habitaciones individuales en las residencias públicas y que los núcleos de convivencia se limiten a un máximo de 15 personas. De hecho, en los centros residenciales públicos, se quiere establecer que cuenten con un mínimo del 65% de habitaciones individuales. También se concreta un plazo de tres años para eliminar totalmente las sujeciones físicas, químicas o farmacológicas. Paralelamente, en función de la densidad de la población, estas instalaciones no tendrían que superar entre las 75 y 120 plazas.
Los sindicatos también se oponen
Entre las comunidades que más en contra se han mostrado, destaca Galicia. La consejera de Política Social de la Xunta, Fabiola García, ha calificado de "irrealizables" las propuestas del Gobierno en materia de residencias porque "falta presupuesto" y porque todo implicaría que "se encarecería y se dificultaría el acceso a los cuidados para las personas mayores". "Podría suponer una pérdida muy importante de plazas y de puestos de trabajo en el ámbito de los cuidados", ha alertado. García también cree que se trata de un "modelo discriminatorio" con los centros situados en las poblaciones rurales y nuevamente ha puesto el foco en la falta de "financiación".
Por su parte, UGT y CCOO también se han mostrado contrarias al nuevo modelo de centros residenciales, dado que "no incluye ninguna de las medidas de mejora de calidad del trabajo" que estos habían planteado y porque supone la "renuncia a garantizar la calidad en la atención". Con respecto a las patronales, la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad, la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas y la Federación Empresarial de la Dependencia comparten que la propuesta de modelo residencial es "inaceptable". "Esta puede poner en riesgo la atención a las personas mayores y vulnerables", alertan. Las patronales señalan que el modelo "supondría una reducción drástica y significativa de la oferta de plazas, una oferta que ya se encuentra en un punto crítico, sin poder atender la lista de espera y de trabajos en las residencias".