La política fiscal es uno de los aspectos en los que se muestra más divergencia de opiniones entre la sociedad catalana. La encuesta de valoración del Govern y de las políticas públicas 2022 que ha publicado este jueves el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) pregunta por el posicionamiento de las personas encuestadas sobre los impuestos, el hipotético incremento o disminución de la carga fiscal y la preferencia sobre la distribución del gasto público. En el caso de la 'cesta' impositiva, hay bastante consenso por mantener los actuales gravámenes, especialmente el referente al IRPF (un 55% lo dejaría tal como está) y el IVA (un 53% es partidario de no tocarlo), pero estas cifras contrastan con el impuesto de sucesiones: el 56% de los catalanes consideran que se debería bajar.

En este caso concreto, en todas las franjas de edad se supera el 50% de favorables a rebajarlo. De hecho, es la opción con más apoyo por parte de los simpatizantes de los partidos políticos catalanes con representación en el Parlament: más de la mitad de los próximos a ERC (58%), PSC (53%), Junts (65%), Ciudadanos (76%), PP (65%) y Vox (78%) defienden rebajar el impuesto de sucesiones, mientras que el apoyo es más bajo en los casos de los comunes (41%) y la CUP (37%). Sin embargo, supera el 32% de los simpatizantes de los comunes que se inclinan por mantenerlo y el 21% que defiende subirlo; y también es un porcentaje superior al grupo de partidarios de la CUP que cree que hace falta incrementarlo (36%) o mantenerlo (22%).

Según ideología, los votantes de izquierda y centroizquierda verían con buenos ojos subir el impuesto de sociedades y el de patrimonio, mientras que dejarían tal como está el IRPF y el IVA y sí que rebajarían el de sucesiones. Los votantes de centro se inclinan por no tocar ningún impuesto, pero son claramente partidarios de bajar el de sucesiones (60%) y cuatro de cada diez bajarían el IVA. En el caso de aquellos encuestados que se ubican en el centroderecha, disminuir la carga impositiva se impone en los casos de patrimonio y sucesiones. Para los más escorados a la derecha, la posibilidad de bajar tipos impositivos se impone en todos los casos: sociedades, patrimonio, IRPF, sucesiones e IVA. La encuesta no contempla, sin embargo, la opción de suprimir algún impuesto.

La mitad de la población, favorable a mantener los impuestos y los servicios

Cuando la pregunta es más genérica, uno de cada dos catalanes se muestra favorable de mantener los impuestos actuales con el objetivo de disponer de los mismos servicios públicos. Contrariamente, un 32% está de acuerdo con subir los tipos impositivos si eso tiene que permitir mejorar los servicios públicos; mientras que un 12% los querría bajar. Por franjas de edad, a medida que esta aumenta, el grado de apoyo al mantenimiento de impuestos es más amplio (del 47% de los que tienen entre 16 y 24 años al 57% de los mayores de 65 años). Por partidos, más de la mitad de los simpatizantes de la CUP (64%) y En Comú Podem (59%) defienden incrementar los impuestos para mejorar los servicios. En el resto de formaciones, la opción que se impone es la del mantenimiento de los gravámenes, con la excepción de Vox, donde los defensores de bajarlos (44%) son más que aquellos que los mantendrían tal como están (41%).

Ante la percepción de la relación entre impuestos y calidad de los servicios públicos, el 64% de los encuestados sí que ve factible bajar los tipos sin que tenga repercusión en la calidad de los servicios públicos, por el 32% que considera que rebajarlos podría devaluar la calidad de los servicios. Con todo, un 51% de los catalanes sostiene que recibe unos servicios públicos inferiores por los impuestos que paga, un 27% ve un equilibrio y solo un 18% afirma que los impuestos que paga son inferiores a los servicios que recibe.

Esta encuesta del CEO también plantea a los encuestados qué harían con 1.000 euros si los tuviera que destinar a mejorar los servicios públicos y a ahorrar para poder bajar los impuestos. Del millar de euros, los catalanes —de media— destinarían 614 euros a mejorar los servicios y los 386 restantes, a ahorrar para poder bajar impuestos. Y si estos 1.000 euros se tuvieran que destinar a distribuir el gasto público, casi la mitad de los recursos irían a sanidad (277 €) y a educación (207 €), mientras que el resto se destinaría a otros conceptos como ayudas y prestaciones (149 euros), transporte público e infraestructuras (100 euros), policía y seguridad (90 euros), lucha contra el cambio climático (77 euros) o ayudas a empresas y autónomos (76 euros).

Rodalies Renfe, el servicio peor valorado del transporte público

El estudio incluye valoraciones sobre el funcionamiento de la administración y de los servicios públicos que esta oferta. En materia de transporte público, el servicio más penalizado es el de Rodalies Renfe, aunque aprueba con un 5,1. Por partidos, ERC (4,8), Junts (4,4), Vox (4), En Comú Podem (4,5) y CUP (3) suspenden el servicio de Rodalies. En cambio, los mejor valorados son el AVE y los trenes de larga distancia (7,8), los Ferrocarrils de la Generalitat (7,6) y el metro (7,1). Con respecto a otros servicios, los mejor calificados son la enseñanza concertada (7,3), la enseñanza pública (7), los Mossos d'Esquadra (6,7) y los hospitales públicos (6,5). Lo que recibe peor nota son las oficinas de la Administración de la Generalitat (6,1) y la administración de justicia (5,4). Sobre la calidad de estos servicios, un 59% considera que tienen una calidad media, un 17% cree que son de alta calidad, mismo porcentaje que los que opinan que es baja. En todo caso, hay un gran consenso sobre la importancia de estos servicios: la nota media es de un 7,6.

Finalmente, sobre la gestión de servicios como la educación o la sanidad, un 38% defiende que la educación funciona mejor si es de titularidad pública, un 35% cree que funciona tanto de una manera como de la otra y un 24% afirma que opera mejor si es de gestión privada. En el caso de la sanidad, sube al 46% los que sostienen que funciona mejor si es pública, el 31% apunta que su funcionamiento se refuerza cuando es privada y un 21% cree que opera igual en los dos casos de modelo de propiedad.