El ministro de Exteriores, Josep Borrell, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, enviaron cartas a sus homólogos belgas para pedirles que defendieran la inmunidad jurisdiccional de España y también el juez Llarena ante la demanda interpuesta por Puigdemont y cuatro exconsellers.
Además, Delgado se llegó a reunir con el embajador belga en España para solicitárselo. Son gestiones que ha revelado la ministra de Justicia durante su comparecencia en la comisión de Justicia para aclarar los pasos dados por el Estado en esta cuestión.
La voluntad inicial del gobierno español era que Bélgica compareciera en el procedimiento judicial para defender también la "inmunidad" de la justicia española y del mismo juez. Una petición que Bélgica rechazó el día 7 de agosto.
Finalmente, y después de varios informes de la secretaría técnica del Supremo, de la abogacía del Estado y del propio CGPJ, el Ministerio de Justicia ha optado por contratar a un abogado para defender a Llarena por un coste de 545.000 euros. El pasado 4 de septiembre, el juez belga del tribunal de primera instancia de casos civiles de Bruselas aplazó la vista preliminar para la demanda para el 25 de septiembre. Será entonces cuando se sepa si se admite a trámite.