La exministra de Sanidad, Ana Mato, declara este lunes como presunta partícipe a título lucrativo de los beneficios en relación a la primera época de la trama Gürtel (1999-2005). En su declaración, Mato ha insistido que fue su exmarido, Jesús Sepúlveda, el que estaba encargado de abonar los gastos de la decoración del cumpleaños de su hija pequeña, y ha descartado que eso lo hubiera hecho "un tercero", tal como se había apuntado inicialmente.

La Fiscalía considera que Mato se benefició de determinados regalos que Correa le hizo a su entonces marido y que consistieron en viajes, fiestas y celebraciones para toda la familia. Le reclama por eso 28.468 euros.

"Las celebraciones familiares que se han hecho, que son escasas y de las que estamos hablando, son unas celebraciones infantiles de mi hija pequeña, las celebramos en casa, yo misma las organicé pero fue Jesús Sepúlveda quien se encargó de contratar la decoración de la fiesta. Corrió a cargo de él, ya que fue él quien lo encargó", ha dicho Mato.

Mato también ha insistido en que ella misma y su exmarido eran "independientes económicamente".

Sepúlveda fue exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exsenador del Partido Popular. Según parece, el empresario Francisco Correa contrataba empresas ficticias con la colaboración del Ayuntamiento.

PP y concejales

Además del PP y Ana Mato, el tribunal ha llamado a declarar este lunes a la tercera partícipe a título lucrativo en esta causa: Gemma Matamoros, exconcejal en Las Rozas y esposa de quien fue alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, uno de los 37 acusados en este macrojuicio y que se enfrenta a 50 años de prisión.

Hasta ahora, los responsables civiles no habían tenido que presentarse personalmente, al poder estar representados por sus abogados, pero la Fiscalía ha creído conveniente -ya concluida la fase del interrogatorio a los acusados- que declaren ante el tribunal como testigos de los beneficios que disfrutaron de la trama otros acusados.

En concreto, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, que estuvo casado con Ana Mato en esta época y a quien le piden en este juicio 15 años de prisión por recibir regalos del líder de Gürtel, Francisco Correa, a cambio de adjudicaciones, entre ellos un Jaguar o un Range Rover.

En similar situación se encuentra la mujer de Ortega, a la cual la Fiscalía ha pedido el pago de 45.066 euros.

Su condición de esposas les permitirá no obstante acogerse al artículo 416 de la Ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) que dispensa de declarar en contra del cónyuge, que en este caso es el acusado atado a la responsabilidad civil que se les reclama, por lo cual es probable que no declaren.

El tribunal por mayoría, "que no por unanimidad" -como matizó al presidente Àngel Hurtado-, acordó citar- "expresamente porque las queremos escuchar" y ha añadido después de que también tenía que estar presente el PP, persona jurídica a la cual la Fiscalía reclama 245.492 euros por los beneficios que obtuvo de Gürtel a través de sus exalcaldes en Pozuelo y Majadahonda.

Al inicio del juicio, en la fase de cuestiones previas, el abogado del PP, Jesús Santos, ya pidió retirar la exigencia de responsabilidad civil al partido ante la "plena indefensión" creada por la falta de "concreción" de los hechos por los cuales se le atribuye a la formación un lucro de la trama.

Calificó de "equívoca e inadecuada" la designación del PP como partícipe a título lucrativo, ha apuntado en "el significativo a las magnitudes mediáticas" que tiene "llamar al PP" en este proceso y ha considerado que, en todo caso, la Fiscalía y las acusaciones tenían que reclamar esta responsabilidad civil a los grupos municipales de Pozuelo y Majadahonda.

Después de la comparecencia de los responsables civiles, el tribunal tenía previsto empezar el martes con los testigos, pero la condena impuesta en el caso Fitur a los principales acusados en la primera época de Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y "El Bigotes" ha motivado la suspensión de las sesiones programadas después del lunes.

Los tres han sido citados el martes por el tribunal valenciano que los ha condenado ahora por la celebración de una comparecencia en la cual se determinará si ante la gravedad de las penas impuestas, 13 años a Correa, tienen que ingresar en la prisión.

Una vez se aclare su situación, el tribunal tiene que fijar nueva fecha para los testigos. Han sido llamados en torno a 300, entre ellos cinco exministros -Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Javier Arenas- y la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.