El exconseller de Economía y Conocimiento de la Generalitat Andreu Mas-Colell ha afirmado este lunes que el Tribunal de Cuentas le "rebaja" la presunción de inocencia, porque lo obliga a depositar una fianza millonaria en un procedimiento no auditado por un juez, mientras que el decreto del Govern que avala estos pagos le "restaura", porque no exige el dinero hasta que una sentencia sujeta lo declare culpable.

En un artículo en La Vanguardia el economista confía en que el decreto "prevalezca" y afirma que propiciaría la "distensión política". Mas-Colell admite que la presunción de inocencia es compatible con medidas cautelares, pero subraya que "al tratarse de una limitación a un derecho fundamental", su imposición tiene que ser "exquisita".

Trayectorias judiciales "escrupulosas"

"Comparto que el conflicto catalán lo tiene que resolver la política, pero una vez judicializado tenemos que esperar que las trayectorias judiciales se caractericen por la escrupulosidad, incluida la presunción de inocencia", afirma al texto.

Mas-Colell también considera "vital" el Tribunal de Cuentas para el buen funcionamiento de las finanzas públicas, pero subraya que, al mismo tiempo, tiene también la facultad de juzgar e imponer multas en unos ámbitos "que quedan así sustraídos en primera instancia a la justicia ordinaria". Y añade: "Constituye, pues, una jurisdicción especial. Razón de más para ser muy prudente y no prestarse a ser utilizado en operaciones descarnadamente políticas".

Por todo ello el exconseller reclama el "derecho" de la presunción de inocencia y que este sólo lo pueda retirar, total o parcialmente, un procedimiento judicial "de verdad, y con juez". Y acaba: "El procedimiento del Tribunal de Cuentas me rebaja este derecho, el decreto ley de la Generalitat me lo restaura".

El decreto ley

El martes de la semana pasada, el Govern aprobó a propuesta del conseller d'Economia, Jaume Giró, crear un Fondo Complementario de Riesgos de 10 millones de euros para dar cobertura a reclamaciones como la del Tribunal de Cuentas.

El aval lo presentará una entidad financiera y no la Generalitat. Así lo expusieron la consellera Laura Vilagrà y el conseller Jaume Giró. El conseller d'Economia explicó este lunes, en unas declaraciones a Rac1, que “en las actuales circunstancias, las instituciones y el Govern han de adoptar decisiones que resistan la conciencia personal y el paso del tiempo". Y añadió que “esta medida no es solo un mecaniso para intentar hacer frente al Tribunal de Cuentas, sino un instrumento para reestablecer un espacio de libertat para seguir haciendo acción política sin miedo y sin la angustia de que "te embargarán la casa, los ahorros y la pensión sin haber sido escuchado, ni juzgado, ni sentenciado”.

El Govern da así cobertura a las reclamaciones judiciales o administrativas a trabajadores/as públicos y altos cargos para hacer frente a obligaciones legales que no queden cubiertas por pólizas de seguros que la Generalitat ya tiene suscritas. Giró apuntó que no habrá desplazamiento de dinero "en ningún momento" hasta que haya sentencia firme en última instancia.

El Fondo estará gestionado provisionalmente, hasta que no se constituya la entidad gestora, por el Instituto Catalán de Finanzas. Giró confía en que el Tribunal de Cuentas "se mire bien" el decreto ley "más allá del ruido", para que vea "que las garantías que exige el tribunal las podemos ofrecer, sin ninguna malversación de dinero público en absoluto". Los 10 millones de euros salen de los presupuestos vigentes de la Generalitat, correspondientes al 2020. El Fondo actuará como una especie de aseguradora.

 

Foto principal: El economista Andreu Mas-Colell / Sergi Alcàzar