Airada reacción de Nacho Martín Blanco en las redes sociales. Este lunes, durante el pleno municipal de Mollet del Vallès (en el Vallès Oriental), el concejal de Esquerra Republicana Manel Sostres solicitó educadamente que sus compañeros en el ayuntamiento se expresaran en catalán. En concreto, se dirigió al también concejal Iván Garrido, de Ciutadans, para pedirle "de buen rollo" que se expresara en catalán. "Que conste que es un ruego bienintencionado, de buen rollo, para el señor Garrido. Lo animaría a que hiciera sus intervenciones en el pleno en catalán. Entendemos que no será ningún tipo de falta de respeto hacia los asistentes al pleno, y reforzaría la presencia de nuestra lengua a las instituciones". Hasta aquí nada de sorprendente.
Unos minutos después, Iván Garrido ha respondido a la interpelación del republicano, y lo ha hecho en catalán, para destacar que en su primera intervención durante el pleno se ha expresado también en catalán. "Me parece que algún concejal estaba dormido o despistado y no lo ha podido escuchar", ha dicho irónicamente. El vídeo del pleno demuestra que eso ha estado así, aunque posteriormente en otras intervenciones ha utilizado el castellano.
El estallido de Martín Blanco
Ante esta escena, el portavoz de Ciutadans en el Parlament no se ha podido privar de referirse al incidente con absoluta contundencia. En un tuit, Nacho Martín Blanco ha cargado contra la petición de Manel Sostres: "Esto es repugnante y demuestra hasta qué punto el fanatismo nacionalista distorsiona la realidad", ha bramado. "Ese tono paternalista y perdonavidas con el cual el concejal de ERC 'recomienda' a Iván Garrido que hable en catalán es, sencillamente, vomitivo".
El catalán, a los tribunales
Este comentario llega después de que los naranjas se hayan presentado este lunes en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para entregar una denuncia por lo que consideran un incumplimiento de la sentencia que dicta un mínimo de 25% de castellano en las aulas catalanas. Una denuncia que llega solo unos días después de que Esquerra Republicana, Junts, el PSC y los comuns presentaran en el Parlament un acuerdo que pretende proteger el catalán en las escuelas y superar precisamente la sentencia del 25%, aunque varios sectores del independentismo han cargado contra el pacto porque reconoce por primera vez el castellano como lengua vehicular. Ahora bien, Ciutadans no se da por satisfecho con esta medida, y es por eso que ha decidido judicializar el caso.
A las puertas de la Fiscalía del TSJC, Carlos Carrizosa ha explicado el contenido de la denuncia. En total, los señalados son cinco: el mismo conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray; la secretaria general de Educación, Patrícia Gomà; la abogada jefe de la Asesoría Jurídica del departamento, Susana Marin; el subdirector general de Plurilingüismo, Andreu Freixes; y la subdirectora general de la Inspección de Educación, Núria Martín. A todos ellos, Ciutadans los ve proclives a ser responsables de delitos de prevaricación "por el concierto que tienen para evitar que esta sentencia se aplique". Ahora bien, van más allá y avisan de que también podría añadirse más adelante el delito de desobediencia si no lo atacan cuando se pida la ejecución del 25%. Según los naranjas, el viernes pasado transcurrió el plazo para cumplir la sentencia del 25% en las escuelas. "Ha acabado el plazo que dio el TSJC, y la conselleria no solo no se ha hecho nada para incumplir la sentencia, sino que se ha estado trabajando e impartiendo instrucciones y consignas para evitar que se cumpla".