Marruecos ha acabado haciendo tambalear al gobierno de Andalucía, presidido por el popular Juan Manuel Moreno. El partido ultra Vox ha anunciado que retira el apoyo al ejecutivo del PP y Cs, después de que la consejera de Políticas Sociales, Rocío Ruiz, ha confirmado que auxiliará a Ceuta ante la enorme problemática generada por la existencia de al menos 800 menores marroquíes en la ciudad después de la crisis migratoria desencadenada el lunes.

Con su decisión, Vox dejará de secundar las propuestas del gobierno autonómico, como la futura ley de presupuestos, y también peligra una futura investidura.

"Empezamos un nuevo tiempo y cualquier iniciativa que no lleve la firma de Vox no tendrá nuestro apoyo", ha indicado el dirigente de Vox Manuel Gavira en declaraciones a Canal Sur, en qué ha subrayado que en estos momentos el Gobierno de Andalucía es absolutamente frágil y que "la estabilidad no existe como tal".

Después de insistir en que su grupo reclama desde hace meses un adelanto electoral por la "inestabilidad" que ve en Ciudadanos, Gavira ha apuntado que la "distancia" con el Ejecutivo la ha marcado la consejera Ruiz, cuando ha anunciado que Andalucía acogería a estos menores y ha dicho que los estaba esperando.

"Tenemos un acuerdo y ellos saben nuestra posición en este tema tan sensible", ha criticado Gavira, que ha insistido que lo que ha pasado en Ceuta "no tiene que ver con una crisis humanitaria" sino que es "una invasión en toda regla", por lo que se ha preguntado: "¿Seremos cómplices de eso?"

Andalucía acogerá finalmente a trece menores no acompañados procedentes de la red de tutela de Ceuta, pero no los últimos llegados. Ruiz ha explicado que esta decisión se produce después de analizar con detenimiento la situación que vive Ceuta, donde unos 8.000 inmigrantes han conseguido acceder desde el lunes, entre ellos unos 1.500 menores.

"Andalucía es una tierra solidaria que cumple con sus obligaciones legales y morales", ha afirmado la consejera, que ha recordado que, "desde el primer momento, la consejería y el gobierno andaluz han manifestado que Andalucía cumpliría con su obligación legal de atender a los menores como establecen todas las leyes nacionales e internacionales, pero también como una obligación moral y humanitaria".