La crisis de Ceuta abre un nuevo frente, esta vez dentro del mismo aparato del Estado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado esta madrugada una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para exigirle que aclare si existe —y desde cuándo— un informe policial que atribuye a fuerzas de seguridad marroquíes un papel activo en la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio. La reacción llega después de que El Español revelara que una unidad de inteligencia de la Policía Nacional ha trasladado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón un análisis según la cual gendarmes marroquíes habrían conducido a los migrantes hacia Ceuta bajo las indicaciones de agentes de paisano y con un objetivo que iba más allá de la inmigración. La revelación es especialmente delicada porque contradice frontalmente el relato que el Gobierno español ha mantenido hasta ahora sobre el papel de Marruecos. El lunes, el mismo Pedro Sánchez aseguraba en una entrevista en la SER que no existía "ninguna información" procedente de las fuerzas de seguridad, del CNI o de otros servicios de inteligencia que apuntara a una participación de las autoridades marroquíes en la crisis. Y este martes, después del Consejo de Ministros, la portavoz del Govern, Elma Saiz, insistía en que no había "ninguna evidencia, ningún informe, ningún indicio" contra Rabat, mientras afirmaba que sí que existían indicios de una amplificación de la crisis desde foros vinculados a Rusia e Israel con el fin de polarizar España y la Unión Europea.
Una carta enviada de madrugada
La respuesta de Marlaska ha sido inmediata. En una carta enviada esta madrugada, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, el ministro del Interior reclama a Francisco Pardo que le confirme "con la máxima brevedad", la veracidad de la información publicada y que explique desde cuándo disponía la Policía Nacional de estos datos. Interior considera que, si son ciertas, se trata de una información "absolutamente esencial" para que el ministro pueda ejercer sus responsabilidades y para que el Gobierno adopte las decisiones correspondientes en materia de política interior, política exterior y defensa del Estado. Marlaska recuerda, además, que la crisis de Ceuta fue declarada situación de interés para la seguridad nacional de acuerdo con la Ley 36/2015 y que, por lo tanto, una información de esta trascendencia debería haber sido comunicada inmediatamente a los miembros del Consejo de Seguridad Nacional y a los órganos encargados de gestionar la crisis. "Si es cierto lo que publica este digital, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esta información, absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales que se puedan practicar, yo, como ministro del Interior, pueda ejercer mi responsabilidad y, en definitiva, el gobierno (español) pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y de defensa del Estado", asegura textualmente.
El ministro también deja claro que la existencia de una investigación judicial no justifica que Interior quede al margen de la información. Las diligencias, señala, se encuentran todavía en una fase inicial y no pueden impedir que las fuerzas de seguridad informen al titular de Interior, que ejerce el mando superior en materia de seguridad interior. La carta añade: "Se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, se debe poner inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del presidente del gobierno de España y del resto de órganos con competencias en este ámbito".
¿Qué dice el informe que ha llegado a la jueza?
El documento que ha desencadenado la crisis interna procede del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), una unidad de inteligencia integrada en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Según la información publicada por El Español, el CENIF concluye que la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta no fue un movimiento espontáneo, sino una operación planificada en la que intervinieron fuerzas de seguridad de Marruecos. El análisis sostiene que gendarmes marroquíes uniformados canalizaron activamente los flujos de personas hacia puntos determinados de la frontera, mientras que individuos de paisano, identificados como posibles miembros de los servicios de inteligencia marroquí, supervisaban la operación y transmitían instrucciones sobre el terreno. Según esta información, existirían fotografías e identificaciones de los agentes implicados.
La finalidad principal, según las conclusiones policiales publicadas, habría sido saturar el sistema español de control fronterizo y neutralizar su capacidad de respuesta. El documento vincula también la operación con las reivindicaciones territoriales que Rabat mantiene sobre Ceuta y Melilla y apunta que uno de sus efectos habría sido poner en cuestión la capacidad del CNI español para anticipar una operación de esta magnitud. La información trasladada a la magistrada incluiría, además, un dato especialmente sensible: 14 presuntos yihadistas habrían conseguido entrar en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. Esta cuestión forma parte de la información publicada sobre el análisis policial y, por ahora, no consta que haya sido confirmado judicialmente.
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón había pedido este análisis policial para determinar si la actuación marroquí en la frontera puede constituir indicios de un delito contra la independencia del Estado. Las diligencias se encuentran todavía en una fase inicial y el informe policial no equivale, por tanto, a una conclusión judicial sobre la responsabilidad de Marruecos. Lo que existe ahora es una valoración de una unidad policial, trasladada a una jueza para que sea investigada. Pero su existencia abre inevitablemente una pregunta política de gran alcance: quién conocía esta información dentro del Estado y por qué no había llegado al ministro del Interior ni al Gobierno español.
Los avisos previos del 29 de julio
A esta incógnita se añade otra. Al margen del análisis posterior sobre la presunta intervención marroquí, se ha conocido que el CENIF ya había elaborado antes de la crisis documentos que advertían del riesgo de una entrada masiva. Un informe del 28 de julio analizaba la posibilidad de entradas irregulares en Ceuta el día 30, y al día siguiente, 29 de julio, una alerta fue trasladada a la Secretaría de Estado de Seguridad. Según los documentos divulgados por Código 10 y otros medios, se hablaba de "riesgo extremo", de una posible entrada masiva y de movimientos coordinados tanto nadando como por los alrededores de la valla fronteriza.
Marlaska, en cambio, defendió el pasado viernes en el Congreso que la información disponible antes del 30 de julio no permitía prever un salto de las dimensiones que finalmente se produjo. El ministro recordó que hasta entonces las entradas y los intentos habían aumentado, pero también lo habían hecho las intercepciones por parte de las fuerzas marroquíes, y consideró imposible deducir que se pasaría repentinamente de unos centenares de intentos a decenas de miles de personas. Margarita Robles sí que ha sostenido que el CNI hizo su tarea de informar, aunque se desconoce si desde Inteligencia también se elaboraron informes escritos, como en el caso de la policía. En este sentido, hay dos debates diferentes. Uno es si Interior recibió suficientes avisos para anticipar la magnitud de la entrada masiva. Otro, mucho más grave diplomáticamente, y con consecuencias políticas para el Gobierno, es si la Policía dispone ahora de indicios que atribuyen a las mismas fuerzas de seguridad marroquíes la planificación y dirección de los hechos.
Una revelación explosiva en plena defensa de Marruecos
La cronología sitúa al Gobierno de Sánchez en una posición particularmente complicada. Sánchez hizo el lunes una defensa explícita de la cooperación con Rabat y aseguró que sin la ayuda marroquí la crisis de Ceuta habría sido aún más grave. Solo 24 horas después, Elma Saiz descartaba taxativamente que existiera ningún informe que implicara al país vecino. Y unas horas más tarde trascendía el informe que asegura que una unidad de la misma Policía Nacional había hecho llegar a la Audiencia Nacional un análisis que apunta exactamente en la dirección contraria.
La carta nocturna de Marlaska a Francisco Pardo convierte ahora esta contradicción en una crisis de comunicación dentro del mismo Ministerio del Interior. Si el informe existe en los términos publicados, habrá que aclarar quién lo elaboró, cuándo se completó, a qué mandos policiales se comunicó y por qué una información que el mismo ministro califica de "esencial" llegó a una jueza de la Audiencia Nacional sin que, según sostiene Marlaska, él tuviera conocimiento. Y sobre todo, obligará al Gobierno a afrontar una pregunta que durante más de un mes ha intentado apartar del centro de la crisis de Ceuta: qué papel jugó realmente Marruecos durante las horas en que decenas de miles de personas cruzaron la frontera española.