Ni "desproporcionado" ni "inaceptable". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a defender este viernes el operativo policial del miércoles en Girona, que acabó con detenciones de dos alcaldes de la CUP, activistas de los CDR y un fotoperiodista. "Un operativo supervisado por una autoridad judicial no se puede considerar ni como hipótesis ni desproporcionado ni inaceptable", ha defendido el exmagistrado de la Audiencia Nacional, en respuesta al Govern, que las ha considerado en estos términos.

"La causa por desórdenes públicos por unos cortes violentos el 1 de octubre está judicializada por la denuncia de ADIF", ha recordado Grande-Marlaska, que ha insistido en que el operativo estuvo supervisado "en todo momento" por el fiscal y por el juez de instrucción. "Fueron informados de todo el conjunto de las actuaciones, la policía actuó como policía judicial", ha apuntado.

Preguntado sobre la propuesta de la alcaldesa Ada Colau de hacer un debate electoral en la cárcel, el ministro del Interior ha dicho que, dado el caso, si Joaquim Forn es cabeza de lista y así lo pide, se estudiará desde su departamento. Ha señalado que se tendrían en cuenta "parámetros de legalidad constitucional, seguridad y orden público". En todo caso, no ha cerrado la puerta a la posibilidad.

Por otra parte, y en el marco de una mejora de las infraestructuras de seguridad y en la frontera, Marlaska ha explicado que se retirarán las polémicas concertinas en las zonas más vulnerables de las fronteras de Ceuta y Melilla, es decir, en las zonas donde se producen más saltos de inmigrantes que quieren acceder a territorio español. Si bien no ha aclarado por qué sean sustituídas, ha hablado de "medios menos cruentos" y "más seguros". El plan de mejora de las infraestructuras, dotado de 850 millones, también invierte en la remodelación de los ocho centros CIE del Estado para adecuarlos a las observaciones hechas por organismos internacionales y de derechos humanos.

En su reunión de este viernes, el Consejo de Ministros también ha acordado desclasificar nuevos documentos secretos relacionados con la llamada operación 'Kitchen'. El juez De la Mata quiere acceder a la documentación sobre la supuesta participación de cargos públicos en el robo de documentación en Bárcenas.